DISCAPACIDAD: ETERNAS DEMORAS.   Luego de una campaña electoral en la cual poco o nada se ha dicho acerca de las posibles soluciones a las diferentes problemáticas exis...

DISCAPACIDAD: ETERNAS DEMORAS.

 
Luego de una campaña electoral en la cual poco o nada se ha dicho acerca de las posibles soluciones a las diferentes problemáticas existentes en materia de discapacidad, al igual que el escaso compromiso de los candidatos de las diferentes fuerzas políticas, podemos comprobar que el colectivo de 2.176.123 personas con discapacidad (1) todavía sigue esperando el cumplimiento de la normativa vigente por parte del Estado y de los entes obligados a ello.
 
Podríamos hablar de muchas demoras y retrasos, pero existen dos que resultan fundamentales: la que afecta a la expedición de los Certificados de Discapacidad por parte del Servicio Nacional de Rehabilitación y la que posterga la incorporación de personas con discapacidad al empleo público en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La primera implica tener presente que cerca de 1.779.709 de este colectivo no posee el Certificado Nacional de Discapacidad (2) a pesar del enorme trabajo de difusión de los Derechos Humanos que es realizado por organizaciones de base, cuya labor es meritoria teniendo en cuenta los escasos recursos con que cuentan y que solamente funcionan gracias a la voluntad de los miembros que la componen.
 
La reglamentación de la Ley Nº 25.635, mediante el Decreto Nº 38/04 y la Resolución 31/04 de la Secretaría de Transporte de la Nación, estableciendo el transporte gratuito para las personas con discapacidad y el incremento geométrico de este colectivo debido a la pobreza y a la indigencia existentes y a una politica sanitaria no orientada hacia la prevención,  ha provocado un incremento en la demanda para la obtención de dicho instrumento, que acredita la condición de persona con discapacidad con el fin de acceder a los beneficios establecidos por las Leyes Nº 22.431 y 24.901, lo cual ha causado el colapso del Sistema Nacional de Rehabilitación, dependiente de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
 
Esta demora en la obtención genera enormes perjuicios para quienes necesitan de transporte y cobertura sanitaria y educativa, teniendo en cuenta la gran vulnerabilidad de un colectivo que es postergado sistemáticamente y que tiene escasas posibilidades de accionar judicialmente debido a la escasa o nula predisposición de los abogados a litigar contra el Estado como también por la ausencia de mecanismos ágiles que permitan un acceso a la vía judicial, pese a la posibilidad de recurrir al Defensor Oficial de Pobres y Ausentes en el caso de notoria insolvencia, porque éste se encuentra, al igual que el resto de sus colegas, atiborrado de expedientes o al beneficio de litigar sin gastos, en el caso que la persona tuviese recursos para contratar un letrado patrocinante.
 
En estos días, se ha conocido la Resolución Nº 88/2005 del Defensor del Pueblo de la Nación, publicado en el Boletín Oficial Nº 30.775 del 07/11/05, por la cual se recomienda arbitrar los medios para que se agilice la expedición de los Certificados Nacionales de Discapacidad, los cuales actualmente requieren de una espera entre tres y seis meses provocando un retraso innecesario para la obtención de la cobertura correspondiente y con ello, sin dudas, se configura una clara violación a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad pese al grandilocuente discurso oficial.
 
Esta recomendación, obtenida por el reclamo de una persona con discapacidad y no por la acción de las grandes organizaciones que pretenden asumir el rol de "defensoras de los Derechos Humanos" de este colectivo, viene a poner negro sobre blanco una de las grandes problemáticas de este año pero sabemos que las intenciones del Gobierno Nacional, pese al enorme superávit fiscal, son las de seguir evadiendo sus obligaciones en forma sistemática tal como lo hace con la no reglamentación de la Ley Nº 25.689 que establece el cupo laboral del 4% en la Administración Pública Nacional y en las empresas privatizadas de servicios públicos. Dicen que no existe política específica para la discapacidad, pero siguen mintiendo: existe y es la de no hacer nada...
 
Pero esta demora no es la única. También podemos encontrar la segunda que hemos mencionado pues, pese a la reglamentación respectiva, este colectivo todavía lo sigue esperando: la incorporación de personas con discapacidad en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La sanción y promulgación de la Ley de la Ciudad Nº 1502, junto con su reglamentación mediante el Decreto Nº 812/05, la Resolución Nº 2083/05 y la Disposición Nº 343 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, estableció que el 5% del personal del Gobierno de esta Ciudad deben ser personas con discapacidad como también el relevamiento del personal con discapacidad que ya está trabajando para el Gobierno de la Ciudad, con el fin de determinar las vacantes existentes a cubrir.
 
Sin embargo, pese al vencimiento del plazo de 60 días corridos, solamente se ha advertido la convocatoria para cubrir plazas en la Guardia Urbana mientras que aún hoy queda pendiente la adecuación de los estatutos particulares; es decir, del Docente y de la Salud, para que ellos recepcionen el espíritu de la normativa vigente y así permitir la incorporación de docentes y otros profesionales con discapacidad en las escuelas comunes y especiales como en los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
 
De todas maneras, no podemos soslayar el proceso pendiente de la jubilación masiva iniciada por la actual gestión que, sin dudas, tiene sus contratiempos como también la gradualidad de la incorporación establecida por la normativa vigente, aunque deberían buscarse los mecanismos tendientes para que el derecho al empleo público sea efectivo en el menor plazo posible, teniendo en cuenta la precaria situación económica del colectivo.
 
Eternas demoras. Eternas esperas para un colectivo ninguneado por el Estado e ignorado por nuestra sociedad, mientras siguen en la búsqueda de la dignidad perdida, aquella que les permitirá constituirse en personas y en ciudadanos.
 
Tan sólo esperemos que no sea demasiado tarde, que estas demandas, como tantas otras, encuentren su debido cauce en el corto plazo aunque las conveniencias políticas sigan reinando, al igual que el nepotismo y el amiguismo como las componendas promovidas por los mercaderes de la discapacidad.
 
(1) Cifra obtenida de la Encuesta Nacional de Discapacidad realizada por el INDEC www.indec.gov.ar
 
(2) Id. anterior, pero debe aclararse que se refiere a Certificados no obtenidos en los ámbitos nacional y provincial. 
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")