HACIA OTRA ETAPA: ¡¡ FELIZ 2006 !!!

 
Luego de un año caracterizado por las diferentes vicisitudes que tuvimos enfrentar en nuestra vida, las cuales también están ligadas al acontecer nacional y latinoamericano, llega el momento del obligado balance para rescatar lo positivo y olvidar lo negativo, junto a la necesidad de realimentar nuestros sueños e ilusiones que todavía están inconclusos.
 
En este tren de ideas y de emociones no es fácil intentar esbozar un mensaje. Tan sólo podemos recordar los hermosos momentos vividos que indudablemente quedarán en nuestros corazones y comenzar a poner los cimientos para un nuevo año como el que está por iniciarse, de la mano de nuestro pensar en la acción concreta.
 
Para los lectores que me conocen, saben que proseguiré en la lucha por los Derechos Humanos y por los derechos de las personas con discapacidad mediante mi labor periodística, en la búsqueda de "la verdad de la milanesa". Para aquellos que apenas me conocen, los invito a seguir construyendo un camino de ida y vuelta que permita iniciar una relación, cuyo fruto se evidenciará en alguna ocasión y para los que no me conocen, les dejo la puerta abierta para que puedan ingresar en las profundidades de mi ser y comprender las razones que me llevan a escribir sobre la discapacidad y sobre las circunstancias que nos acompañan.
 
Se termina un año y está por comenzar otro aún más intenso. Se abre un amplio panorama para ensanchar nuestros sueños y para encender nuestras ilusiones de la mano de nuestra mente febril que no sabe de descansos y de nuestro corazón en pleno palpitar. Y esto no es poca cosa, pues haber llegado hasta aquí significa estar vivo a pesar de la maldad y perversidad, tal como piensa Maquiavelo en "El Príncipe", del ser humano.
 
Sólo me queda el regalo de la poesía, para que encienda nuestra alma y alimente nuestro corazón, el que seguramente apreciarán de una pluma amiga:
 
DESEOS
 
Que la impunidad cese,
que el hambre termine para todos,
que el trabajo vuelva a lucirse
para que los sueños vuelvan redondos.
 
Que la lucha continúe y se procese,
para terminar con la maldad de todos lados,
a los que osan arrogarse
la potestad de la vida y de la dignidad de todos.
 
Que se diga la verdad de todo y que cese,
para construir un mundo sin aquellos retorcidos,
la mentira que intenta decirse
para alienar nuestras mentes en favor de esos iluminados
 
Que comience otro tiempo para mostrarse,
tal como somos sin caretas y bien decididos,
para construir otro mundo en donde pensarse
como dueños de nuestros sueños dorados.
 
Que otro año comience para decidirse
a seguir caminando, a pasos redoblados,
hacia nuestra dignidad sin rendirse
e intentar ser humanos, sin otros resultados...
 
Feliz 2006 para todas y para todos, es el humilde deseo de un escriba que, tan sólo, quiere encender la luz de sus almas y de sus corazones para encontrar ese mundo que deseamos...
 
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")

CROMAGNON: ENTRE LA MEMORIA Y LA JUSTICIA.

 
30 de diciembre. Anochecía y de repente, un vendaval de sirenas apenas alcanzaba para darnos cuenta que algo grave había ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires. Y de golpe, había comenzado a conocerse una de las mayores tragedias vividas en la Argentina, cuyo luctuoso saldo de 194 vidas perdidas por la irresponsabilidad y por la corrupción daba cuenta de su magnitud con el correr de las horas a través de los ríos de tinta y de las imágenes radiales y televisivas.
 
Sin dudas, la tragedia de Once marcó un hito fundamental en la conciencia social, provocando una sucesión de hechos políticos de gran importancia y una severa revisión del rol del Estado en la prevención de catástrofes que aún no ha terminado. Bastó para que la solidaridad se expresara a través de Internet, mediante cadena solidaria, con el fin de ayudar a los familiares de las víctimas en tan trágicos momentos como también para iniciar el largo camino de la determinación de las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales que, aún hoy, sigue sacudiendo la modorra de la ciudadanía porteña.
 
Sin embargo, hoy apenas podemos pensar en ese amigo o en esa amiga, en ese compañero o compañera de trabajo o de emociones mientras los vaivenes políticos y judiciales nos siguen demostrando que la impunidad sigue merodeando a cada instante. Cada escrito presentado en sede judicial pretende intentar, por un lado, la búsqueda de justicia y por otro, la evasión o disminución de la cuantía de las  responsabilidades que atañen a quienes tenían el deber de preservar la vida de aquellos que hoy recordamos y la salud de aquellos que hoy nos acompañan en este duelo mientras que la política sigue bailando el minué, provocando una campaña electoral sin elecciones y sin terminar de definir la responsabilidad que le cabe al Dr. Aníbal Ibarra.
 
No podemos engañarnos, cuando tenemos conciencia que el juzgamiento está en manos de un kirchnerismo ávido de omnipresencia y de un macrismo ávido de poder para hacer buenos negocios como en los `90 porque, no olvidemos, Macri fue y es uno de los responsables de la actual tragedia socioeconómica argentina que se inició con la Dictadura militar de 1976. Tal vez, esta sea la gran paradoja de Cromagnon. La que hizo y hace dudar a muchos sobre el tenor del camino tendiente a buscar las responsabilidades políticas pero tampoco podemos soslayar, sin dudas, que existen otras responsabilidades políticas que deberán ser determinadas en un futuro más o menos cercano con respecto a la actuación de la Policía Federal.
 
Entre la memoria y la justicia, se va un año en el que se tomó conciencia de la vital importancia de la seguridad en los eventos públicos de carácter masivo, ya sea recitales o partidos de fútbol, al igual que en los lugares de concurrencia masiva, como los shoppings y paseos de compras, pero todavía no se advierte una acción estatal destinada al efectivo control de los establecimientos en los cuales se realizan estas actividades como también tampoco se han arbitrado alternativas para que la cultura alternativa, en el género musical, tenga su lugar físico teniendo en cuenta sus escasos recursos económicos.
 
Memoria, Verdad y Justicia son las palabras que deben acompañar nuestro homenaje para que, de una buena vez, comience una nueva etapa en la cual pueda desterrarse el vale todo que caracteriza a la sociedad porteña y a una clase política impermeable a los exigencias de la ciudadanía y demasiado permisiva con el poder económico.
 
Memoria para nuestros pibes. Para Mariana Márquez. Para que nunca más la desidia estatal y la irresponsabilidad empresaria vuelvan a tronchar los sueños e ilusiones de una juventud que busca, tan sólo, un poco de diversión sana a través de la música.
 
Verdad para saber quienes fueron los responsables, aunque nunca sepamos quien fue el autor material de la tragedia y cómo sucedieron los hechos en rigor de verdad. Para saber cuales fueron las negligencias estatales y privadas que, aún hoy, siguen en la nebulosa judicial.
 
Justicia para que todos los responsabilidades sean adjudicadas en su verdadera medida y su evasión sea sancionada debidamente. Para que nuestros pibes puedan descansar en paz y para que los sobrevivientes puedan retomar el camino, el que se detuvo en esa noche por esa inconsciencia y por ese descontrol propio de la típica puta cultura argentina que supimos conseguir.
 
En este trípode, debemos recordarlos y también hacerles recordar a todos los argentinos que solamente mediante él se podrá comenzar a construir una nueva Argentina en la que se pueda vivir con dignidad y festejar con seguridad.
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")  

DISCAPACIDAD: SIN VOLUNTAD - PÀRTE II

 
En la nota anterior, nos hacíamos tres preguntas, tres interrogantes para intentar complementar una reseña anual que resulta exigua para analizar la gran cantidad de problemáticas en materia de discapacidad. Lamentablemente, se fueron acumulando muchas de ellas y otras, sin dudas, se renovaron o se incrementaron sustancialmente para darnos una imagen que debiese ser un llamado de atención para el Estado y la sociedad como para las personas con discapacidad.
 
Si tenemos en cuenta la actual coyuntura política y la escasa movilización del colectivo, nos encontramos con un continuismo de la política del no hacer para seguir perpetuando las condiciones propicias para los viejos males conocidos, lo que es favorecido por las notorias dificultades de orden económico para las personas con discapacidad con el fin de intentar modificar por vía administrativa o judicial esta realidad tan pavorosa.
 
A pesar de los avances y retrocesos de la marcha del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es posible que el cupo laboral comience a ser cumplido luego de los dos fallos adversos en sede judicial, aunque ello suponga una demora adicional en la adecuación de los estatutos particulares. Lo contrario ocurrirá respecto del Gobierno Nacional, quien sigue sin reglamentar la Ley Nº 25.689 y con una CONADIS inactiva; en parte, como bien señala el libro de la Fundación Par, por la disminución de su jerarquía en el organigrama gubernamental al pasar a depender del Consejo Nacional de Políticas Sociales.
 
Lo sanitario, habida cuenta de la jurisprudencia sentada en los últimos meses, tendrá importancia sustancial pues obligará a las Obras Sociales Nacionales respecto de las prestaciones establecidas en la Ley 24.901. La avalancha de recursos de amparo, no por ser masiva sino por constituirse algunos de ellos en casos emblemáticos, irá produciendo una relativa modificación de conductas, la que debería ser reforzada mediante la participación activa de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en su carácter de ONG's con legitimación procesal activa.
 
En tanto, la cuestión de la inaccesibilidad del transporte automotor seguirá los vaivenes de las prebendas estatales, con sucesivas prórrogas de la vida útil de las unidades en circulación y con subsidios que no contribuyen a modificar, en parte, esta problemática. Y a pesar de la constitución de una comisión para establecer nuevas condiciones IRAM para las unidades de este transporte, no se advierten mayores posibilidades acerca de la concreción específica de algún avance y solamente la avanzada judicial del Grupo Quiero Vivir Hoy es, probablemente, la carta que puede llegar a intentar conmover los cimientos de la connivencia entre la Secretaría de Transporte de la Nación y los empresarios y concesionarios del transporte terrestre.
 
En lo educativo, pese a que este año fuese declarado Año Iberoamericano de la Educación, no se advierten mayores posibilidades de ampliar el camino hacia la educación inclusiva. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha iniciado un proceso de jubilación masiva del personal docente, al igual que en el resto de su Administración, lo cual demorará sustancialmente cualquier intento al respecto junto a una política educativa que, sin Ley de Educación de la Ciudad, sigue a pié juntillas los postulados neoliberales de la mano de docentes y directivos acomodaticios, salvo contadas excepciones. Tampoco se advierte que, como instrumento para la visibilización de la discapacidad, se promueva la inclusión de docentes con discapacidad en la escuela común, lo que ayudaría sustancialmente a revertir la actual indiferencia social.
 
Evidentemente, respondiendo puntualmente al primer interrogante que nos hemos planteado, existen escasas expectativas respecto de algún tipo de mejora en la situación de las personas con discapacidad, debido a la ausencia de políticas de Estado que permitan una paulatina y definitiva solución a sus problemáticas.
 
Con respecto al segundo, y en relación con lo anterior, podemos alentarlas con respecto al cupo laboral en la Ciudad de Buenos Aires y al cumplimiento de las prestaciones sanitarias sin dejar de advertir que ello será fruto de unos pocos que puedan acceder a la Justicia y de una paulatina modificación de las pautas de conducta de los entes estatales y de los entes de Derecho Público no estatales.
 
Y con respecto a la última, a pesar de las enormes dificultades para acceder al ejercicio de sus derechos, cabe destacar que cada una de las personas con discapacidad, junto a sus familiares, debe intentar siempre conocer y exigir sus derechos, buscando asesoramiento legal y sin tener temor a represalias, como las típicas venganzas de los auditores médicos de las Obras Sociales que suelen pedir hasta el último papelito insignificante cuando sus instituciones son obligadas a cumplir con sus obligaciones por parte de la Justicia...
 
Si todo este colectivo se moviliza masivamente para exigir los derechos que la ley les confiere, habrá comenzado una nueva etapa en la cual el miedo habrá sido dejado atrás para obligar a los eternos incumplidores y obtener una mirada distinta de la sociedad. Pero son sus integrantes en su conjunto los que deben iniciar una participación activa, aunque sea, mediante actuaciones administrativas o reclamos ante los entes que correspondan pues ello constituirá una indudable presión para quienes pretenden seguir perpetuando la exclusión social de todos ellos.
 
Que este 2006 sea el año en el cual podamos decir, luego de 365 días, que es el puntapié inicial para una etapa donde todo un colectivo resolvió exigir sus derechos para demostrarle a una sociedad y a un Estado ausente que existen, que están vivos y que se cansaron de comprar las figuritas de colores de los punteros políticos y sectoriales.
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")

DENUNCIA DE UN ENFERMERO SORDO

 
DENUNCIA PUBLICA


Por la Circular Nro.04/05 de la Sindicatura General de
la Nación sé esta realizando un relevamiento sobre accesibilidad a las dependencias publicas y la cantidad de personas con discapacidad empleadas. No es de esperar noticias alentadoras sobre la cuestión, máxime si se tiene en cuenta que un reciente fallo judicial arrojo que apena el 0,76% del personal contratado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acusa discapacidad.
En definitiva es mas de lo mismo, mas cifras que a nadie le importan. Seria conveniente que en la misma circular recordara a los funcionarios públicos que según la ley 22431 no llenar el cupo del 4% de empleo para personas con discapacidad constituye el delito de
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO.
Según él articulo 248 del Código Penal este delito lo
comete el funcionario que no ejecuta las leyes a las que esta obligado y se castiga con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo.
 
En definitiva, como siempre, mientras en otros países los problemas se solucionan con sentido común, en él nuestro se organizan cursos, jornadas, congresos, encuentros y debates para hacer ver que algo se esta haciendo y al
final se crea una subsecretaria. El 15 de Diciembre
gane en primera instancia un amparo para que se respete mi derecho a trabajar pero ni los derechos constitucionales tienen importancia. Y es hora de que este estado de cosas cese.
 
MARECOS JULIO CESAR
DNI 13.831.204
SAN NICOLAS 144 -CAP.FED.-
1558659995- 4690-2930








DISCAPACIDAD: SIN VOLUNTAD (PARTE I)

 
Con este simple título, podríamos resumir el balance de este año en materia de discapacidad en la Argentina, habida cuenta de los escasos avances ocurridos durante el presente año.
 
Y ello ha sido reconocido por la Fundación Par, en su libro "La discapacidad en la Argentina: un diagnóstico de situación y políticas públicas vigentes a 2005", como por la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley Nº 25.280 (Convención Interamericana  sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad), norma aún no reglamentada pese al proyecto de reglamentación existente, en su Informe Anual 2005, más allá de la cercanía o lejanía de sus integrantes con el poder político o económico, como también con algunos factores de poder que siguen influyendo sensiblemente en la toma de decisiones en el sector público.
 
A modo de introducción, podemos recordar que el año pasado fue el Año Iberoamericano de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual solamente se advirtió la necesidad de la gratuidad del transporte público de pasajeros que se materializó con la reglamentación de la Ley Nº 25.635, mediante el Decreto Nº 38/04 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, lo que fue fuertemente resistido durante el corriente año por numerosas empresas y empresarios del transporte, llegando inclusive a la interposición de recursos de amparo contra el Estado Nacional.
 
El incumplimiento sistemático de la normativa vigente en el sector público y la desidia social sigue perpetuándose de la mano del continuismo neoliberal, el mismo que prefirió pagar 9810 millones de dólares al FMI antes que destinarlo a pagar la cuantiosa y sustancial deuda interna en lo social. Ambas cuestiones inciden notablemente en la calidad de vida de los 2.176.123 personas con discapacidad, cuya distribución etaria revela que un 12%, son niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años; un 41%, corresponde a jóvenes y adultos de 15 a 64 años y cuya gran mayoría forma parte de la población económicamente activa y un 47%, corresponde a adultos mayores de 65 años, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad, complementaria del Censo 2001 realizado por el INDEC. Sin embargo, estas cifras debemos relativizarlas porque, en sí mismas, resultan de un muestreo estadístico, el que no contempla la real cantidad de la población con discapacidad en la Argentina como también es posible que no contemple la verdadera cifra negra existente y por otro lado, debemos tener en cuenta que, muchas veces, son manipuladas con la intención de minimizar la problemática socioeconómica que, por sí misma, encierra.
 
Sin embargo, y a pesar de lo expresado anteriormente, resulta un dato notable que el 81,8% de este colectivo no tiene ningún Certificado de Discapacidad, nacional o provincial, que les permita acceder a los beneficios establecidos por las Leyes Nº 22.431 y 24.901. Esto habla a las claras del profundo desconocimiento de sus integrantes acerca de sus derechos como de la sistemática desidia estatal y social con el fin indudable de su invisibilización que, en forma paradójica, contrasta con un cuerpo legal de avanzada para un Estado latinoamericano.
 
Antes de comenzar a analizar lo sucedido durante el corriente año, es importante tener en cuenta la composición de este colectivo según el tipo y multiplicidad de discapacidad. Por lo primero, encontramos que un 39,5% tiene discapacidad motora; un 22%, visual; un 18%, auditiva y un 15,1 mental como también, por lo segundo, advertimos que el 73,9% tiene una sola discapacidad, cuya mayoría es motora; el 20,1%, tiene dos discapacidades y el 5,9% tiene tres o más discapacidades.
 
De acuerdo a estos datos y a los paradigmas existentes, tanto en el ámbito estatal como en el social, podemos advertir la subsistencia del principio de subsidiariedad del Estado que llevó, y sigue llevando, a la desprotección de este colectivo vulnerable por su propia condición y que se materializa en la continuidad de la inaccesibilidad del medio físico como a sus Derechos Humanos fundamentales en su totalidad (salud, educación, empleo y vivienda), debido a la ausencia de políticas públicas activas en la materia como también de una auténtica conciencia social.
 
Durante el corriente año, el denominador común de los avances fue la judicialización en el ejercicio de los derechos por parte de algunas personas con discapacidad con el fin de acceder a los beneficios otorgados por la normativa vigente, cuyo cumplimiento es obligatorio para los entes estatales y aquellos que suplen la acción estatal.
 
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, solamente puede rescatarse la reglamentación de la Ley de la Ciudad Nº 1502, referida al cupo laboral del 5% en la Administración Comunal y en las empresas privatizadas de servicios públicos, mediante el Decreto Nº 812 para advertir la lentitud en su implementación debido a la realización del censo de personal establecido por dicha norma, el que no ha finalizado aún como asimismo la falta de adecuación de los estatutos particulares, como el Estatuto del Docente, para la incorporación de personas con discapacidad en los ámbitos educativos y sanitarios dependientes del Gobierno de la Ciudad. Esta cuestión ha motivado la interposición de dos recursos de amparo resueltos a favor de los amparistas, luego de las burdas y falaces excusas puestas por el Ejecutivo de la Ciudad durante el transcurso de los respectivos procesos tal como hemos señalado desde esta columna.
 
En el ámbito nacional, es notable la inacción de la CONADIS, señalada por el libro de la Fundación Par en forma significativa, organismo que se ha limitado, al parecer, a otorgar subsidios mientras todavía la Ley Nacional Nº 25.689, sobre el cupo laboral del 4% en la Administración Pública y en las empresas privatizadas, sigue sin ser reglamentada.
 
Sin voluntad, desde el Estado y la sociedad, es el precario resumen de un año más de postergaciones para un colectivo sistemáticamente ninguneado y por ende, excluído de la posibilidad de alcanzar una igualdad de oportunidades que le permita insertarse en la vida política, económica y social.
 
Ahora bien, ¿qué perspectivas existen para el 2006? ¿cuáles son las posibilidades para su concreción? ¿cuál deberá ser el rol de los integrantes del colectivo?. Son tres preguntas que, con el análisis de cada problemática en particular, hemos de desarrollar en sucesivas notas para terminar de comprender y, sobre todo, de actuar en consecuencia para que el nepotismo, el amiguismo y el clientelismo sean, junto a la vía judicial, la única forma por la cual puedan ejercer sus derechos.
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR...

 
 
Estimadas amigas y estimados amigos:
 
                                                            Nuevamente estamos ante este particular período del año en el cual solemos renovar nuestros sueños e ilusiones, acompañados de nuestra familia y de nuestros compañeros de militancia o de la vida misma.
 
                                                             Es la ocasión por excelencia para reafirmar nuestros sentimientos y para acompañar a todos aquellos que, por una u otra razón, se encuentran desamparados, lo cual nos lleva a brindar por la felicidad y por la esperanza para todos, sin importar su condición socioeconómica o psicofísica.
 
                                                              Y en este tren, este tigre con mil manchas en su haber, a pesar de las diatribas y de las censuras, les deja este pequeño recuerdo transformado en poesía:
 
SIN MUROS
 
En este mundo tan repodrido y partido en dos,
buscamos alimentar nuestros sueños,
sin otro afán, para hacerlos mullidos
sin importarnos los años.
 
En el medio de los muros que son decididos
por las garras imperiales, para ser universales dueños,
todavía no han podido arrojar dardos
a nuestra alma envuelta en permanentes desengaños.
 
En el medio de los caminos cerrados
a nuestras ilusiones, en estos terruños,
y sobrevivimos, aunque nos creen dormidos,
gracias a ese viento fuerte que nos hace adultos y niños...
 
Sigamos caminando, a pesar de los pensares generados,
de los dichos de los gerentes en oficiales regaños,
para seguir derribando esos muros establecidos
por quienes pretenden encerrarnos en pacíficos rebaños.
 
Porque nada puede impedir los huracanes afiebrados
de nuestro ser en ebulliciones ante los engaños,
ante la injusticia que azota nuestros sueños dorados,
pues ellos arrasan con todos ellos, grandes o pequeños...
 
Muchas felicidades en estas Fiestas Navideñas y el deseo ferviente de un Próspero Año Nuevo 2006, en donde los huracanes del alma derriben las murallas de la incomprensión para poder decir que lo mejor está por venir...
 
Un fuerte abrazo para todas y para todos.
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")
  

"La peor opinión es el silencio"

"La peor opinión es el silencio"
 
Ante la Medida Extraordinaria de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), hecha pública por intermedio de una lista de Internet sobre Discapacidad, me veo en la obligación de expresar mi solidaridad con los afectados por ella en forma directa: Srta. Natalia Verónica Gulino, Sra. Lis Aragona y Sra. Ana María Martínez, Presidente de la Asociación de Personas y Familiares de Personas con Discapacidad de la localidad de Colón (Entre Ríos); todas ellas, en el marco de una inaceptable censura por pensar diferente de los miembros de la Comisión Directiva de dicha organización y con el agravante, en el último caso, de imponerlo a una persona que integraba dicho cuerpo directivo, como también de manifestarme ante las expresiones vertidas acerca de mi persona, las cuales están muy alejadas de la realidad.
 
Evidentemente, una vez más, se pretende hacer creer la existencia de una campaña tendiente a desacreditar a una organización cuando, en sí mismo, son las mismas contradicciones permanentes desde el discurso, al igual que la ambivalencia ligada a posturas acomodaticias y la errónea pretensión, a mi juicio, de poseer la verdad revelada, las que provocan este particular pensamiento.
 
Pensar que cualquier integrante de una organización es impulsado por otra persona para que actúe en consecuencia, en principio, es insultar su inteligencia y su raciocinio. Impedir que exprese sus dudas frente a lo evidente o hacia lo que no entiende, resulta un acto que dista del sano debate entre posiciones diferentes para culminar en el intento de imponer su propia voz, de pontificar como si fuese palabra santa...
 
No existe ninguna operación de prensa, ni campaña que se le parezca, frente a las aseveraciones vertidas por el texto de una red, de una organización que ha venido trocando posiciones desde la culminación de las marchas hacia Plaza de Mayo, decidida en virtud de la escasa convocatoria que, en su mayor parte, la constituían los miembros de la Comisión Directiva de REDI, lo cual restaba trascendencia a este tipo de acciones pero que han tenido un singular efecto en la sanción del Decreto Nº 38/04, que otorga el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad.
 
Desde mi incorporación a REDI en el año 2003 y hasta mi renuncia en el año 2004, el discurso siempre estuvo orientado hacia la comunidad de las personas con discapacidad motriz, seguida de aquellos con discapacidad intelectual y con discapacidad visual, en ciertas ocasiones particulares. Las contradicciones entre el nombre de la organización y el discurso son evidentes. ¿Porqué no cambiar la denominación a Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad Motriz e Intelectual?. Tal vez, sería un acto de coherencia absolutamente razonable...
 
Por otro lado, analizando el devenir discursivo, puede advertirse que se deja de lado la exigencia al ámbito estatal, en gran parte, para ingresar en lo acomodaticio. Es mucho más fácil convivir con el poder que enfrentarlo y así nace la participación en el programa de Ciudades Accesibles del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en otras ligadas a la actividad de otras organizaciones en el resto del país que, si bien es bienvenida, evidencia el comienzo del estrechamiento de lazos con el poder político de alguna manera. Y al mismo tiempo, participan en el Foro Social de Salud y Medio Ambiente, por dedicación exclusiva de la Lic. Ana Dones, Presidente de FALDAD, para revelar otro costado discursivo absolutamente diferente y adjudicarse coordinaciones de actividades, cuando en realidad constituyen meras participaciones. Cercanía y lejanía con el poder, ambivalencia pura, que intenta demostrar, o hacernos creer, su rol activo en la defensa de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.
 
Más allá de las Normas IRAM sobre transporte automotor, modificación harto necesaria dada la gran variedad de modelos de ómnibus que circulan en la actualidad, resulta evidente que prefieren la comisión antes que la acción. Acaso, ¿no eran partidarios de exigir el cumplimiento de la normativa vigente? ¿porqué no accionaron judicialmente contra el Estado Nacional, vía recurso de amparo, como organización de Derechos Humanos?. Las palabras sobran, frente a su omisión que fue salvada por el Grupo Quiero Vivir Hoy, liderado por Gladys Ferrara, con su denuncia por discriminación que sigue su camino por los Tribunales Federales.
 
Con respecto a la discapacidad intelectual, la más grave de todas las que afectan a este colectivo, es loable el documento elaborado y presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en diciembre de este año. Sin embargo, al igual que lo manifestado anteriormente, siguen subsistiendo las mismas preguntas...
 
Con respecto al derecho de acceso a la Justicia, es algo que vengo denunciando desde mis artículos periodísticos, desde donde vengo señalando la inaccesibilidad económica y jurídica para las personas con discapacidad en su gran mayoría. Esta organización recoge la idea, lo cual me parece excelente, para organizar una Jornada sobre esta problemática en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el auspicio de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y del British Council, íntimamente relacionada con la Embajada del Reino Unido en la Argentina... Mejor prueba de buscar un lugarcito al calor del sistema es imposible, luego de haber sustentado ideológicamente todo lo contrario durante mucho tiempo...
 
También podemos analizar la actividad que han desarrollado con respecto al cupo laboral en la Nación y en la Ciudad. Respecto de la primera, no se ha conocido actividad pública al respecto a pesar de constituir uno de los caballitos de batalla de esta organización y con respecto a la segunda, prefirieron actuar sobre la exigencia del cupo laboral a las empresas privatizadas por la vía judicial, antes que exigirlo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente, al menos públicamente, poco han realizado en este aspecto y solamente pudo advertirse la acción judicial entablado por Julio Marecos, cuyo fallo he difundido públicamente por entender que constituía un hito fundamental para el ejercicio de este derecho. Sin embargo, si tenemos en cuenta el patrocinio letrado de la acción mencionada, que depende del mismo estudio en donde trabaja el Dr. Facundo Chávez Penillas, actual Presidente de REDI, y las intenciones de instituir "un centro de asesoramiento, educación en derechos y patrocinio jurídico", ¿ prestará servicio para todas las personas con discapacidad que lo necesiten o será tan sólo un nuevo negocio privado ? ¿patrocinará las causas de todas ellas como lo hicieron en los casos Kuzis y Marecos?. Preguntas que quedarán sin respuesta o bien, en el mejor de los casos, recibirán algún exabrupto antes que una explicación fundada...
 
Por último, queda la cuestión política suscitada a raíz de la noticia publicada por Noticias Urbanas, que he difundido en la misma lista de Internet en donde fue publicada la reseña anual de REDI y que se refirió a la presencia del suspendido Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, en el Taller Protegido de FALDAD en plena campaña electoral sin elecciones. Ella ha generado un debate con algunas opiniones; entre ellas, la de la Srta. Natalia, persona con discapacidad visual, que sinceramente no esperaba. Y en vista que se me adjudica esta supuesta promoción de una campaña, debo señalar mi posición frente a este asunto. Una vez más, el suspendido Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, en su nueva campaña electoral, ha puesto su figura en un Taller Protegido para revelar su "sensibilidad" con la discapacidad y eso es lo grave.. No es el hecho de la concurrencia a FALDAD que, siguiendo las palabras de Natalia, podría ser a cualquier otro taller protegido, lo grave está constituído por la utilización de la discapacidad y de sus instituciones frente a un juicio político por un hecho que, sin lugar a dudas, dejará secuelas con algún grado de discapacidad en gran parte de los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Once. Sin embargo, llama poderosamente la atención dicha concurrencia como también, y es algo que preferí callar en su momento, la presencia de los trabajadores de dicho taller en el acto masivo en la Plaza de Mayo para el apoyo al Dr. Ibarra. Sin dudas, algo notablemente curioso: personas con discapacidad intelectual que, sin desmerecerlas en su propia condición, son llevadas a un acto político como cual piquetero o beneficiario de Planes Jefas y Jefes de Hogar...
 
Políticamente, la discapacidad y los integrantes de este colectivo jamás pueden estar junto al poder, el mismo que sistemáticamente viene violando sus Derechos Humanos y por ende, debe exigirle el cumplimiento de sus derechos. Ese es el rol de las organizaciones, más allá de participar del principio de subsidiariedad del Estado, algo para discutir y debatir en otra ocasión, para defender a un colectivo cada vez más empobrecido y que ve lejana la dignidad humana que merecen sus integrantes.
 
Como se advertirá, no soy promotor de ninguna campaña. Tan sólo, mediante mis artículos y alguna participación en las listas de Internet sobre Discapacidad, intento reflejar la realidad de todo un colectivo que sigue aspirando a una verdadera igualdad de oportunidades, mientras integra el amplio lote de "desaparecidos sociales" como producto de las políticas neoliberales que, desde el 24 de marzo de 1976, imperan en nuestro país.
 
Es posible que algún detalle quede en el tintero y a lo mejor, es preferible que así sea. En todo caso, lo relevante es dejar en claro mi coherencia frente a la ambivalencia y mis firmes convicciones frente a las cavilaciones provocadas por el acercamiento, aunque sea parcial, al poder político que sigue sin entender y cumplir con lo que manda la misma Constitución.
 
Desde luego, no entiendo otra forma de entender al periodismo como la de mostrar la realidad existente aunque oculta y eso, tal vez, es lo que molesta a los miembros de la Comisión Directiva de una organización que, hace rato, decidió un cambio de rumbo desde la consecuencia hacia la obsecuencia para acompañar, aunque sea parcialmente y de costado, a una clase política que no se caracteriza precisamente por el respeto a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, al igual que el resto de la población argentina sumida en la pobreza y en la indigencia que va en camino, sobre todo la niñez y la adolescencia, de incrementar la población de este colectivo en forma geométrica. 
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González") 

DISCAPACIDAD: UNA RESPUESTA PREVISIBLE PERO LAMENTABLE.

 
En el artículo OTRA VEZ, EL CUPO LABORAL EN LA JUSTICIA, analizamos el fallo de Primera Instancia que ordenó dar trabajo a un auxiliar de enfermería con discapacidad auditiva, luego de sopesar los argumentos falaces y "rozando la mala fé", según reza el mismo, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Y la respuesta no se hizo esperar. Como en el caso que hemos nombrado en dicho artículo, han decidido apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo en una vieja estrategia conocida de un gobierno que, precisamente, no se caracteriza por las políticas activas en favor de las personas con discapacidad. A través de este medio, se disponen a dilatar el reconocimiento de un derecho tan legal como legítimo como parte del pensamiento que los lleva a pensar en el trabajo como un "privilegio".
 
No va a ser la primera ni la última vez que el gobierno ibarrista alambre los caminos hacia la dignidad de un colectivo que, mal o bien, sigue buscando su destino para reconstruir su ser y su ciudadanía. Pero la apelación es tan sólo un medio para volver a interponer una nueva muralla: ahora también se pretende que ese enfermero realice un curso de enfermería para auxiliares, tal como ha salido publicado en el Diario Clarín.
 
Conviene señalar, y tal como se expresa en los considerandos del Juez Cataldo, que dicha persona egresó como auxiliar de enfermería, en 1992, del Hospital General de Agudos "Francisco Santojanni" y que, desde 1993 a 1995, ha desempeñado tareas de enfermería en varias clínicas neuro-psiquiátricas, lo cual resulta un despropósito pues ha cumplido con la formación de grado y reúne una cierta experiencia laboral que lo habilita perfectamente para el ejercicio profesional por lo que, una vez más, se pretende desconocer el derecho al trabajo y peor aún, se intenta desconocer la formación que ha recibido por parte de la Dirección General de Capacitación Profesional y Técnica de la Secretaría de Salud de la antecesora jurídica del Gobierno de la Ciudad, lo cual constituye un menoscabo inaceptable y una grosera violación a los Derechos Humanos.
 
Ahora bien, ¿qué otra capacitación adicional requiere para el ingreso al Sistema de Salud de la Ciudad? ¿no se pensó en la capacitación en el trabajo?. Ambas preguntas deberían ser respondidas por este Gobierno que sigue buscando excusas para cumplir con las mandas constitucionales, en lugar de buscar soluciones acorde con la realidad existente.
 
Por otro lado, y a tenor de la información publicada en Clarín, se sostiene que constituye un privilegio frente al resto del colectivo. Es indudable que seguramente merece ser analizado desde varios puntos de vista, pero debemos resaltar que el derecho al trabajo es un derecho de carácter alimentario y por lo tanto, al ser inherente a la personalidad humana, forma parte integrante de la dignidad de la persona; en consecuencia, es un derecho humano fundamental y ello sin olvidarnos que, tal vez, el aspecto que lo lleva a ser considerado de privilegio sea el hecho de iniciar acciones judiciales, lo que no está al alcance de la gran mayoría de las personas con discapacidad de la Ciudad y de la Argentina.
 
No podemos extrañarnos que sigan sucediendo estas cosas en la Ciudad de Buenos Aires como en la Argentina. Forma parte de la irrelevancia de este colectivo que está fundado en el ideario neoliberal, el cual sostiene que no puede producir y por ende, no debe participar de la vida política, económica y social de un Estado. Y en este mismo tren, en una grosera deformación, propugna el mero asistencialismo con fines electoralistas olvidando que sus integrantes son personas de carne y hueso que pretenden formar parte de una sociedad y de un Estado al igual que el resto de sus congéneres y de sus conciudadanos.
 
En estos tiempos de nueva campaña electoral, gracias al juicio político por las responsabilidades de Cromagnon, donde pareciera que ocuparse de la discapacidad es mostrarse por un taller protegido de producción o presentarse en un acto de entrega de subsidios, como se realizó el año pasado en el Centro Cultural San Martín, nos encontramos con que el empleo público es una utopía, salvo que medie el nepotismo, el amiguismo o el clientelismo y que el empleo privado todavía escasea a pesar de la actividad de muchas instituciones, como la Fundación Vitra, señera en este aspecto, pues los empresarios consideran que los integrantes de este colectivo son improductivos o de escasa productividad, que deben gastar fortunas en adaptar los espacios físicos en sus empresas o que no saben (al menos, eso dicen) como interpretar la normativa fiscal e impositiva de la desgravación establecida en la Ley Nº 22.431...
 
Previsible pero lamentable, la respuesta que ha trascendido del Gobierno de la Ciudad frente a este fallo ejemplar y que deja al desnudo sus verdaderas intenciones: seguir evadiendo sus obligaciones mediante la contratación espuria, de la mano clientelista en aras de futuros votos. No existe otra explicación y tal vez, ahora, esgriman una nueva: la limitación para sus habilidades, viejo discurso de la discriminación explícita e implícita que sigue anidando en la clase política argentina.
 
Y es hora que este estado de cosas cese. Por las personas con discapacidad y sus familias, para que recuperen la dignidad perdida y para que la sociedad y el Estado se nutran de savia nueva, desde una perspectiva distinta que seguramente permitirá construir una Argentina diferente y con plena igualdad de oportunidades.
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")

DISCAPACIDAD: OTRA VEZ, EL CUPO LABORAL EN LA JUSTICIA.

 
Al igual que el caso Kuzis, referido al cupo laboral para las personas con discapacidad y que fuese promovido en virtud de la discapacidad visual, nuevamente la Justicia ha hablado mediante sus fallos.
 
Una vez más, y en este caso tratándose de una persona con discapacidad auditiva, se han desmentido los precarios y endebles argumentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los cuales se pretende limitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.
 
En efecto, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Juan Vicente Cataldo, puso en evidencia las falacias con las cuales se pretendió, y se sigue pretendiendo porque ello constituye una conducta normal y habitual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cercenar el derecho a trabajar a una persona con discapacidad que, en este caso particular, tiene una formación profesional como auxiliar de enfermería, cuya certificación emana del mismo ente que le deniega el acceso al cupo laboral del 5% establecido en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Entre el congelamiento de vacantes con respecto a la planta permanente, dispuesto por el art. 13 del Decreto Nº 2.388/92 y el art. 5º del Decreto Nº 1711/94, y la progresividad establecida en la Ley de la Ciudad Nº 1502, sin contar con la ausente adaptación de los estatutos particulares (Educación y Salud) a los términos de esta norma, lo que contrasta con la gran cantidad de contrataciones temporarias con las cuales evade la normativa nombrada anteriormente y sin contar con el elevado superávit fiscal que, desde luego, le permitiría un descongelamiento que facilitaría el cumplimiento de la normativa vigente en materia de empleo público para las personas con discapacidad, como también regularizar la situación de muchas personas que, desde hace años, vienen renovando su vínculo contractual con la Ciudad.
 
Otra vieja falacia resulta de la afirmación de la programaticidad de lo establecido en la Ley Nacional Nº 22.431 como de la norma mencionada anteriormente, a lo que el tribunal señala certeramente que el cupo laboral es obligatorio para la Ciudad desde 1981, cuando todavía era una simple Municipalidad y que, como continuadora jurídica, emerge claramente en concordancia con el art. 10 de la Constitución de la Ciudad por cuanto "los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos".
 
Mientras el suspendido Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, se muestra en un taller protegido de producción con el deliberado fin de mejorar su imagen frente al juicio político en la Legislatura porteña y de intentar renovar su interés por un colectivo sistemáticamente excluído, la verdad de la milanesa se encuentra en un fallo ejemplar que revela, solamente en el área de Salud, la incorporación de un 0,76 % de personas con discapacidad.
 
Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad vienen siendo soslayados desde hace muchos años, al igual que son objeto del discurso político en épocas electorales, lo que obliga a esfuerzos innecesarios por parte de este colectivo. Uno de ellos, sin dudas, es intentar la vía judicial que, como sabemos, no está al alcance de la gran mayoría de sus integrantes, ya sea por desconocimiento; por las lógicas limitaciones económicas, las que impiden contratar un abogado o pagar tasas judiciales, debido a su nulo o escaso ingreso tanto en forma personal como familiar o porque muchos abogados no quieren litigar contra el Estado en este tipo de casos, lo cual es mucho más común de lo que imaginamos y pensamos...
 
¿Cuántos fallos más deberán decir lo mismo para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cumpla con su obligación constitucional? ¿Cuándo se adaptarán los estatutos particulares a la reglamentación del cupo laboral para permitir el ingreso de personas con discapacidad a los ámbitos educativos y sanitarios de la Ciudad de Buenos Aires?. Mientras este Gobierno siga mirando para otro lado y buscando excusas banales, evidentemente todo seguirá como hasta el presente y las personas con discapacidad verán extinguirse sus sueños e ilusiones de ser persona y ciudadano, obligándolos a esfuerzos extremos e inhumanos para intentarlo.
 
Ojalá, en poco tiempo más, este Gobierno que gusta del doble discurso, cuyo titular suspendido ha tenido la osadía de visitar una institución para personas con discapacidad en una nueva campaña electoral, tome la decisión política de acelerar la incorporación de personas con discapacidad junto con la adaptación del Estatuto del Docente y de la Salud. Y ello, sin dudas, SERÁ JUSTICIA...
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")

DERECHOS HUMANOS: ENTRE LA MEMORIA Y LA REALIDAD.

 
10 de diciembre. Otro Día Internacional de los Derechos Humanos para no olvidar los horrores pasados, homenajear a los seres que hemos perdido durante nuestro pasado reciente pero también, sin dudas, para comenzar a repensar esta categoría de derechos a la luz del neoliberalismo imperante.
 
Azucena ya descansa en la Plaza de Mayo, como símbolo de nuestros héroes sin bronce, para que las nuevas generaciones se nutran de su ejemplo y nos permitan seguir gritando: ¡ NUNCA MÁS !. Pero este grito no lo podemos circunscribir a una dictadura, sino a una realidad que nos sigue agobiando cada vez más de la mano de la continuidad de políticas que sumergieron, y siguen sumergiendo, al pueblo argentino.
 
En consecuencia, debemos gritar con más fuerza:
BASTA DE  DESOCUPACIÓN, BASTA DE HAMBRE, BASTA DE MORTALIDAD INFANTIL Y BASTA DE DISCAPACIDAD...
 
Desde 1976 y, paradójicamente, con la democracia bajo el mandato de Carlos Menem, el pueblo argentino viene sufriendo, al igual que el resto de Latinoamérica, los embates imperiales gracias a la connivencia de una clase política, testaferro de los Dueños de la Argentina y con aval eclesiástico, con los mandatos del Norte. Ellos fueron los que crearon la fantasmal deuda externa, manifiestamente ilegal, que seguimos pagando puntualmente (ayer se pagó otra cuota al FMI) a costa de la sangre, sudor y lágrimas de ocupados y desocupados, niños y niñas como también de nuestros ancianos y de las personas con discapacidad.
 
Los Derechos Humanos, por definición, constituyen el derecho a la dignidad humana junto al de la vida. En este presente, donde más del 50% de los argentinos navega entre la pobreza y la indigencia; la mortalidad y morbilidad infantil se dispara gracias al hambre y la discapacidad se acrecienta a pasos agigantados entre las enfermedades prevenibles, los accidentes de trabajo y de tránsito y la contaminación ambiental, no podemos hablar de Derechos Humanos vigentes sino de su violación sistemática a manos del Estado.
 
Entre la memoria y la realidad, podemos seguir recordando a quienes fueron nuestros familiares, compañeros o amigos pero también quienes, hoy día, sufren la desprotección gracias al continuismo neoliberal merecen que los tengamos en cuenta para apoyar todas y cada una de las acciones tendientes a recuperar sus derechos, a recuperar su dignidad humana...
 
Si entre todos, mal o bien, se logró terminar con una dictadura militar, sería hora de hacer lo mismo con la provocada por la desocupación y el hambre que, junto con la discapacidad, son los mayores males actuales que condicionan severamente a la Argentina.
 
Recordemos, pero también actuemos pues otros compatriotas también son acreedores a una categoría de derechos que debiese ser el fundamento de toda Nación, aunque el Imperio no piense lo mismo...
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")

PROCESADA POR DEFENDER EL DERECHO AL TRANSPORTE

 



PROCESADA POR  DEFENDER EL DERECHO AL TRANSPORTE
gratuito y accesible
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El 30 de Enero de 2005, la compañera Ana María Martínez (Anamá), sorda y madre de una niña con parálisis cerebral; defendió sus derechos, los de todos nosotros y nuestros hijos.
Hoy, se encuentra procesada en una nueva demostración de la criminalización de la protesta social.


Durante muchos años, numerosas personas, con o sin discapacidad, y diversas organizaciones vienen luchando por la gratuidad y accesibilidad al transporte público, por su derecho a la integración,
uno de los valores fundamentales que hacen a su dignidad como seres humanos…

 

Decreto 38/04 :h...Con la sola presentación del certificado de discapacidad o su fotocopia autenticada por cualquier autoridad pública competente junto al documento acreditativo de la identidad, se debe permitir que el discapacitado viaje gratuitamente...h


La compañera albergó a dos compañeros con discapacidad en plan de vacaciones en su ciudad, Colón, ENTRE RÍOS y ante la necesidad de regresar a Buenos Aires de sus amigos, compró los pasajes: dos asientos de adelante y abajo.

 

RESOLUCION M.O. y S.P 533/83 - BUENOS AIRES, 10 de JUNIO de 1983: g...Artículo 22
a) Vehículos de transporte público tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas...

h


Esperaron en la terminal de ómnibus de Colón, totalmente inaccesible, sin baños adaptados ni rampas.

 

Ley N. 24.314 -Accesibilidad de personas con movilidad reducida. Modificación de la ley N° 22.431 :g...Artículo 20-Establécese la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte...h;g...Artículo 22...b)Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 20 apartado a). en toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizante: paso alternativo a molinetes; los sistemas de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados...h

 

A las 20,15 , minutos antes del horario establecido para la partida, la empresa avisa que el ómnibus venía con retraso de casi una hora y que la carrocería no era la acordada al abonar los pasajes. Al intentar ingresar al ómnibus, se encontraron con la realidad: un colectivo absolutamente inaccesible... Sólo un piso alto, varios escalones y en lamentables condiciones para una compañera en silla de ruedas... Imposible viajar, sin contar con que, kilómetros más adelante, deberían hacer trasbordo a otra unidad en las mismas condiciones o peores....

Junto con ella, dos compañeras de la asociación que preside y que viene luchando por los derechos de las personas con discapacidad,  al igual que otros pasajeros que, además de entender la situación puntual, también comprendieron que tenían que reclamar pues, habiendo pagado sus pasajes por un servicio en óptimas condiciones, tendrían que viajar en una unidad que hasta se llovía....

 

Recién después de esta protesta, la empresa envió un representante, el que conversó con la compañera que debía viajar y llegaron a un acuerdo: la empresa pondría a  su disposición un remise para el regreso a Ciudad de Buenos Aires.
Buena forma de asumir que cobran por un servicio, pero brindan uno inferior; de asumir que incumplen con la normativa vigente y las resoluciones de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

 

Es válido recordar, que la empresa “Flecha Bus” es un monopolio y que ya cuenta con decenas de denuncias por incumplir con el otorgamiento de pasajes a personas con discapacidad y por la notoria inaccesibilidad de sus unidades.
Muchas de las personas que se ven obligadas a viajar desde Colón o el resto del

interior del país, son mamás con sus niños con discapacidad que sólo pueden atenderse o rehabilitarse en Ciudad de Buenos Aires.



Hasta aquí pareceríamos haber llegado a una solución momentáneamente buena...

Pero…a los meses de este hecho, Anamá recibe una citación a indagatoria y actualmente se encuentra procesada por el artículo 194 del Código Procesal Penal: “entorpecimiento a la circulación de un medio de transporte”.

Hoy, Ana María Martínez, está procesada  por exigir el cumplimiento de la ley a los eternos incumplidores, a los que siguen gozando de la misma impunidad que los genocidas de la Dictadura y las policías bravas provinciales, en tren de gatillo fácil, gracias a un Estado ausente y, a la vez, complaciente de los privilegios empresariales.

 

Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")

 

DISCAPACIDAD: MUCHAS REALIDADES Y ESCASAS SOLUCIONES.

 
En un nuevo Día Internacional de la Persona con Discapacidad, nos encontramos con un panorama poco alentador con respecto a los Derechos Humanos de este colectivo que, en honor a la verdad, forma parte de los "desaparecidos" de la democracia junto a los pueblos originarios.
 
Entre un Estado Nacional, cuya política es la de perpetuar el actual estado de cosas; una Ciudad de Buenos Aires, cuya política sufre los vaivenes de Cromagnon y un Interior, cuyo panorama socioeconómico alienta más hacia el incremento de los integrantes de este colectivo podemos encontrar diferentes realidades que tienen escasas, escasísimas soluciones sin contar algunas pocas excepciones que ha brindado este año por finalizar.
 
Las viejas problemáticas siguen subsistiendo, sin advertirse alguna voluntad política tendiente a resolverlas, cercenando severamente los Derechos Humanos de esta parte de la ciudadanía que, por ejemplo, los viene obligando a buscar el remedio judicial como en el caso del Grupo Quiero Vivir Hoy, liderado por Gladys Ferrara, el cual es uno de los escasos intentos de buscar una solución a la accesibilidad física en el transporte para las personas con discapacidad motriz y que, seguramente, llegará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, único tribunal al cual parece someterse el Gobierno Nacional teniendo en cuenta lo obtenido por María Teresa Schnack, con respecto al asesinato de su hijo Sergio a manos de la Policía Bonaerense.
 
Sin embargo, además de la accesibilidad física que suelen defender numerosas organizaciones dedicadas a las personas con discapacidad, todavía la salud, la educación y el trabajo no son accesibles pues se elevan poderosas murallas, de la mano de la ausencia de políticas activas a nivel nacional, provincial y municipal como también a la altísima indiferencia social, incluyendo a numerosas organizaciones intermedias y a gran parte, por no decir la totalidad, de los sectores productivos.
 
A pesar de la vigencia de la Ley 24.901, sistemáticamente incumplida por el Estado y las Obras Sociales, cuyo mejor ejemplo lo encontramos en ese niño con discapacidad al que sus padres le buscaban una vivienda digna, por recomendación médica, no teniendo otro recurso que recurrir a la vía judicial pese a sus escasos ingresos, la salud sigue siendo una mera ilusión porque no hay programa ni plan que se cumpla, desde el PROFE hasta el PAMI. La evasión de obligaciones es escandalosa en grado sumo, aunque ello podría revertirse si se cumpliera con las obligaciones derivadas de la normativa vigente mediante la delineación de una auténtica política de Estado en la materia que, hoy día, está ausente o propicia la cobertura de determinadas patologías, estuviesen o no cubiertas con anterioridad, en forma limitadísima.
 
La educación sigue por andariveles similares. Todavía, la integración educativa sigue siendo un sueño acariciado por padres y estudiantes con discapacidad pero nunca alcanzado. Lamentablemente, las pocas soluciones ante las diferentes problemáticas, como el caso del niño con parálisis cerebral al que no se inscribía en una escuela común de Caballito, a principios de año, debido a que la maestra integradora no formaba parte del plantel de la Secretaría de Educación de la Ciudad, se dieron por la vía judicial o por la vía de una cruenta negociación que, como siempre ocurre, no contempló totalmente los derechos de las personas con discapacidad. Aún hoy, los Institutos de Formación Docente de la Ciudad para la enseñanza común tienen pruritos para el ingreso y egreso de estudiantes con discapacidad, ensalzando el art. 14 del Estatuto del Docente y el Decreto Nº 3362/89, de Salud Escolar, de Carlos Grosso, sin contar con los prejuicios existentes tanto en directivos como en docentes de estas instituciones educativas las que podrían extenderse al resto del sistema educativo nacional, provincial y municipal; desde luego, a pesar de las buenas intenciones, ni pensar en la incorporación de docentes con discapacidad en la escuela común, mediante el agregado de un sencillo inciso en el Estatuto del Docente para otorgar un puntaje complementario por discapacidad con el fin de igualar las oportunidades, teniendo en cuenta la gran irregularidad con la cual transitan por el sistema educativo formal, como de propiciar un cambio de paradigma tendiente a la reversión de la actual indiferencia social.
 
Con respecto al trabajo, no tenemos mejores noticias. A pesar de los numerosos reclamos sobre la falta de reglamentación de la Ley Nacional Nº 25.689,
ésta continúa en el cajón de los objetos perdidos violando sustancialmente este derecho que, al contrario de lo que se piensa, podría dar una solución a la problemática de la cobertura sanitaria de buena parte del colectivo como también permitir su inserción socioeconómica. No es un cupo de privilegio, simplemente es tratar de equilibrar las desventajas del ambiente social y laboral para permitir su integración sin menoscabo de su personalidad. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, pese a la sanción de la Ley Nº 1502 y de su reglamentación, todavía no se advierten fuertes señales de voluntad política que permitan avistar otro horizonte pues, si bien se han hecho algunos progresos, todavía queda mucho por hacer y pareciera que, siguiendo al Gobierno Nacional, el nepotismo, el clientelismo y el amiguismo siguen haciendo de las suyas...
 
Muchas realidades, todas diferentes entre sí pero relacionadas, pues el transporte permite el acceso a la salud, a la educación y al empleo. En forma transitiva, con una salud estable, se accede a los ámbitos educativos y laborales de la mano de la adaptación correspondiente para la formación profesional y para el trabajo. A la vez, existen escasas soluciones para este colectivo ninguneado desde hace mucho tiempo, a pesar de la Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación hacia las Personas con Discapacidad, ratificada por la Ley Nacional Nº 25.280.
 
Tal vez, lo peor de todo es que este estado de cosas tiene muchos responsables. Desde quienes tienen que cumplir con sus obligaciones legales hasta quienes deben ejercer su derecho a reclamar, a pesar de las enormes dificultades que ello supone. Y la lista es larga, incluyendo a organizaciones que trabajan con personas con discapacidad que se prestan para operaciones políticas.
 
Nadie se hace cargo. Solamente aquellos que pueden intentar alzar la voz o movilizarse plenamente, tal vez, llegan a plasmar sus derechos aunque su reconocimiento sea limitado al extremo, de la mano de la continuidad en el reclamo o de aquel contacto con el puntero político o con el funcionario que rápidamente advierte si esa persona tiene un caudal considerable de votos para la interna o para la elección de que se trate.
 
Pero me olvidaba. Pasaron las elecciones. Entonces, que este colectivo siga como está porque no produce y no nos deja muchos votos... Craso error: son cerca de 2.000.000 de personas, cuyo 30% son electores; es decir, 600.000 ciudadanos, que si los multiplicamos por 3 son 1.800.000 votos... y que si tienen una ocupación, con una debida formación, pueden contribuir a sostener a quienes no pueden trabajar y al mismo sistema público de salud... 
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")

CUANDO LA HIPOCRESÍA IMPIDE PREVENIR.

 
En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, no podemos dejar de lado el análisis acerca de la verdadera dimensión de la prevención de este mal. Más aún, cuando se advierte la presión de ciertos grupos y de ciertas organizaciones en torno a uno de los instrumentos poderosos como la Educación.
 
Si bien la Ley Nacional del SIDA y la Ley de Procreación Responsable son excelentes herramientas jurídicas que obligan al Estado y a otros entes, con respecto a esta problemática que, cada día más, se extiende a millones de personas en la Argentina y en el resto del mundo, todavía las mentes retrógradas insisten con su pensamiento acerca de la privacidad de la Educación Sexual tal como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires.
 
En realidad, resulta una hipocresía a todas luces vista. Mientras algunos se rasgan las vestiduras, pero luego abonan un aborto en alguna clínica de renombre por la "travesura" de su niña en aras de tenerla inmaculada frente a su entorno, se olvidan que la sexualidad es una cuestión humana, porque forma parte de nuestra propia naturaleza y de orden público, teniendo en cuenta la masividad del SIDA, de los embarazos adolescentes y de aquellos no deseados, lo cual obliga a los poderes públicos a tomar debida nota de estas problemáticas cruciales que afectan a nuestra juventud y a las mujeres en particular. Parece ser que el dogma tiñe estas mentes para impedirles tomar conciencia de una realidad que está a la vuelta de la esquina y que, como suele ocurrir, también puede estar cerca de ellas aunque no lo quieran reconocer.
 
La Educación Sexual no puede ser una asignatura más del currículum educativo de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es necesaria su incorporación a nivel nacional. Nada mejor que la prevención desde la escuela, sobre todo cuando existe una ausencia de contenidos desde el ámbito familiar, ante los ímpetus juveniles que recién comienzan a explorar la naciente sexualidad pero que no tienen la debida contención y la mínima información para que ello no derive en los males conocidos: desde el embarazo no deseado al SIDA.
 
Desde el año pasado, la Ley de Educación Sexual de la Ciudad de Buenos Aires viene atravesando notorias dilaciones gracias a esos grupos que pretenden desconocer su vital importancia. Son los mismos que atacaron la exposición de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta y los que intentaron impedir la exposición de la Dra. Rebecca Gomperts en el Centro Cultural General San Martín durante este año, bajo el ropaje de Padres y Madres de Familia. ¿ Se darán cuenta que también puede tocarle a uno de sus hijos o preferirán el manto de olvido mediante la ocultación del mal o el aborto en una clínica "decente"?.
 
He aquí la gran hipocresía. Prefieren mantener la solemnidad impuesta por la culpa recreada desde lo religioso, sin importarles lo que sucede a su alrededor. Poco les importa lo que acontece entre la población sumergida en la pobreza y en la indigencia que, en general, carece de una formación que les permita reinsertarse en nuestra sociedad y que, muchas veces, en la primera red preventiva como lo es el sistema educativo, en ocasión de la asistencia de sus hijos a la escuela, cuando asisten, es cuando se comienzan a advertir sus problemáticas particulares.
 
En este día tan particular, es importante recordar que lo fundamental es la prevención. Tanto desde el ámbito estatal como el familiar, nuestra juventud y, porque no, nosotros mismos debemos enfrentar al SIDA mediante la educación escolar y familiar pues ambas no son excluyentes; al contrario, son complementarias teniendo en cuenta el nivel educativo de cada familia en particular.
 
Hoy, cuando este mal acaba con la vida de miles de jóvenes, al igual que los abortos clandestinos, resulta imperativo tomar el toro por las astas: Educar para prevenir y eso debe ser tarea de todos, desde el Estado a la sociedad misma, para reducir estos males a su mínima expresión y permitirle una mejor calidad de vida a nuestra juventud que, después de todo, forma parte de nuestra propia esencia: la humana.
 
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")