DISCAPACIDAD: MUCHAS REALIDADES Y ESCASAS SOLUCIONES.

 

En un nuevo Día Internacional de la Persona con Discapacidad, nos encontramos con un panorama poco alentador con respecto a los Derechos Humanos de este colectivo que, en honor a la verdad, forma parte de los "desaparecidos" de la democracia junto a los pueblos originarios.

 

Entre un Estado Nacional, cuya política es la de perpetuar el actual estado de cosas; una Ciudad de Buenos Aires, cuya política sufre los vaivenes de Cromagnon y un Interior, cuyo panorama socioeconómico alienta más hacia el incremento de los integrantes de este colectivo podemos encontrar diferentes realidades que tienen escasas, escasísimas soluciones sin contar algunas pocas excepciones que ha brindado este año por finalizar.

 

Las viejas problemáticas siguen subsistiendo, sin advertirse alguna voluntad política tendiente a resolverlas, cercenando severamente los Derechos Humanos de esta parte de la ciudadanía que, por ejemplo, los viene obligando a buscar el remedio judicial como en el caso del Grupo Quiero Vivir Hoy, liderado por Gladys Ferrara, el cual es uno de los escasos intentos de buscar una solución a la accesibilidad física en el transporte para las personas con discapacidad motriz y que, seguramente, llegará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, único tribunal al cual parece someterse el Gobierno Nacional teniendo en cuenta lo obtenido por María Teresa Schnack, con respecto al asesinato de su hijo Sergio a manos de la Policía Bonaerense.

 

Sin embargo, además de la accesibilidad física que suelen defender numerosas organizaciones dedicadas a las personas con discapacidad, todavía la salud, la educación y el trabajo no son accesibles pues se elevan poderosas murallas, de la mano de la ausencia de políticas activas a nivel nacional, provincial y municipal como también a la altísima indiferencia social, incluyendo a numerosas organizaciones intermedias y a gran parte, por no decir la totalidad, de los sectores productivos.

 

A pesar de la vigencia de la Ley 24.901, sistemáticamente incumplida por el Estado y las Obras Sociales, cuyo mejor ejemplo lo encontramos en ese niño con discapacidad al que sus padres le buscaban una vivienda digna, por recomendación médica, no teniendo otro recurso que recurrir a la vía judicial pese a sus escasos ingresos, la salud sigue siendo una mera ilusión porque no hay programa ni plan que se cumpla, desde el PROFE hasta el PAMI. La evasión de obligaciones es escandalosa en grado sumo, aunque ello podría revertirse si se cumpliera con las obligaciones derivadas de la normativa vigente mediante la delineación de una auténtica política de Estado en la materia que, hoy día, está ausente o propicia la cobertura de determinadas patologías, estuviesen o no cubiertas con anterioridad, en forma limitadísima.

 

La educación sigue por andariveles similares. Todavía, la integración educativa sigue siendo un sueño acariciado por padres y estudiantes con discapacidad pero nunca alcanzado. Lamentablemente, las pocas soluciones ante las diferentes problemáticas, como el caso del niño con parálisis cerebral al que no se inscribía en una escuela común de Caballito, a principios de año, debido a que la maestra integradora no formaba parte del plantel de la Secretaría de Educación de la Ciudad, se dieron por la vía judicial o por la vía de una cruenta negociación que, como siempre ocurre, no contempló totalmente los derechos de las personas con discapacidad. Aún hoy, los Institutos de Formación Docente de la Ciudad para la enseñanza común tienen pruritos para el ingreso y egreso de estudiantes con discapacidad, ensalzando el art. 14 del Estatuto del Docente y el Decreto Nº 3362/89, de Salud Escolar, de Carlos Grosso, sin contar con los prejuicios existentes tanto en directivos como en docentes de estas instituciones educativas las que podrían extenderse al resto del sistema educativo nacional, provincial y municipal; desde luego, a pesar de las buenas intenciones, ni pensar en la incorporación de docentes con discapacidad en la escuela común, mediante el agregado de un sencillo inciso en el Estatuto del Docente para otorgar un puntaje complementario por discapacidad con el fin de igualar las oportunidades, teniendo en cuenta la gran irregularidad con la cual transitan por el sistema educativo formal, como de propiciar un cambio de paradigma tendiente a la reversión de la actual indiferencia social.

 

Con respecto al trabajo, no tenemos mejores noticias. A pesar de los numerosos reclamos sobre la falta de reglamentación de la Ley Nacional Nº 25.689,

ésta continúa en el cajón de los objetos perdidos violando sustancialmente este derecho que, al contrario de lo que se piensa, podría dar una solución a la problemática de la cobertura sanitaria de buena parte del colectivo como también permitir su inserción socioeconómica. No es un cupo de privilegio, simplemente es tratar de equilibrar las desventajas del ambiente social y laboral para permitir su integración sin menoscabo de su personalidad. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, pese a la sanción de la Ley Nº 1502 y de su reglamentación, todavía no se advierten fuertes señales de voluntad política que permitan avistar otro horizonte pues, si bien se han hecho algunos progresos, todavía queda mucho por hacer y pareciera que, siguiendo al Gobierno Nacional, el nepotismo, el clientelismo y el amiguismo siguen haciendo de las suyas...

 

Muchas realidades, todas diferentes entre sí pero relacionadas, pues el transporte permite el acceso a la salud, a la educación y al empleo. En forma transitiva, con una salud estable, se accede a los ámbitos educativos y laborales de la mano de la adaptación correspondiente para la formación profesional y para el trabajo. A la vez, existen escasas soluciones para este colectivo ninguneado desde hace mucho tiempo, a pesar de la Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación hacia las Personas con Discapacidad, ratificada por la Ley Nacional Nº 25.280.

 

Tal vez, lo peor de todo es que este estado de cosas tiene muchos responsables. Desde quienes tienen que cumplir con sus obligaciones legales hasta quienes deben ejercer su derecho a reclamar, a pesar de las enormes dificultades que ello supone. Y la lista es larga, incluyendo a organizaciones que trabajan con personas con discapacidad que se prestan para operaciones políticas.

 

Nadie se hace cargo. Solamente aquellos que pueden intentar alzar la voz o movilizarse plenamente, tal vez, llegan a plasmar sus derechos aunque su reconocimiento sea limitado al extremo, de la mano de la continuidad en el reclamo o de aquel contacto con el puntero político o con el funcionario que rápidamente advierte si esa persona tiene un caudal considerable de votos para la interna o para la elección de que se trate.

 

Pero me olvidaba. Pasaron las elecciones. Entonces, que este colectivo siga como está porque no produce y no nos deja muchos votos... Craso error: son cerca de 2.000.000 de personas, cuyo 30% son electores; es decir, 600.000 ciudadanos, que si los multiplicamos por 3 son 1.800.000 votos... y que si tienen una ocupación, con una debida formación, pueden contribuir a sostener a quienes no pueden trabajar y al mismo sistema público de salud... 

 

Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")