EDUCACIÓN: ENTRE EL DEBATE Y LA REALIDAD.

Mientras el debate propuesto por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación sigue dando motivos para diferentes artículos periodísticos y para la emisión de declaraciones de vastos sectores de la sociedad argentina, incluída la Iglesia, como también la realización de actividades tendientes a esclarecer la oscuridad del documento oficial, nos encontramos con la realidad a través de las noticias, las que nos hablan de tres conflictos en los cuales se denota el verdadero interés de algunos funcionarios con respecto a lo educativo.
 
El primero de ellos, es el que afecta a la Escuela Municipal de Bellas Artes "Carlos Morel" de Quilmes, por el cual docentes y estudiantes son objeto de la inquisición del Sr. Intendente de dicha localidad, Sergio Villordo, ante la clara e indubitable exigencia de respeto a las condiciones laborales docentes, al igual que por el cambio de destino para la sede de dicha institución educativa. Y este funcionario no tuvo mejor idea que utilizar su mail personal para intentar desvirtuar el sentido del reclamo, mediante la mera enunciación de los sueldos que "percibirían" los docentes junto a una pertinaz descalificación que, inclusive, llegó hasta el desconocimiento de los derechos que prescribe el Estatuto del Docente con el perentorio traslado de preceptores y el cese de docentes interinos bajo diversos justificativos que no dejan de ser meras excusas. Por otro lado, fue confirmada la notificación que se le efectuara por la causa de presuntas violaciones y abuso sexual, que fuese entablada por el ex-concejal Jorge Aquino, por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y que lo lleva a las puertas del juicio oral.
 
Sin embargo, este conflicto iniciado en abril de este año reconoce su origen en los sucesivos intentos de modificar el Estatuto del Docente mediante ordenanza del Concejo Deliberante quilmeño, cuyo último intento tuvo el resultado esperado: una norma a la medida de los deseos de Villordo, por la cual se permite la existencia de más de un Centro de Estudiantes, se prohibe el proselitismo político, racial, "filosófico" y religioso a los docentes y se conmina a la institución educativa para la redacción de un reglamento interno en 90 días.
 
El segundo, afecta a la Escuela Popular de Música de Avellaneda, cuya comunidad educativa reclama por un edificio propio para sus actividades, teniendo en cuenta su enorme prestigio, el que ha sido motivo de un acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde hace meses, y que ha sido incumplido sistemáticamente mientras que el último es el que afecta a los docentes de Andalgalá, Provincia de Catamarca, enfrentados con el Intendente de dicha localidad, Sr. José Perea, con motivo de la amenaza de sanciones por disentir públicamente respecto de la formación cívica en materia ambiental, lo cual se ha materializado en una campaña nacional dirigida a señalar el claro intento de vaciamiento de contenidos, mediante las declaraciones públicas destinadas a censurar la actividad docente tendiente al respeto del derecho ambiental en la comunidad andalgalense, que implica el desconocimiento de lo prescripto por el art. 41 de nuestra Constitución Nacional; es decir, el derecho a un medio ambiente sano para todos los ciudadanos y habitantes de la Nación Argentina.
 
En este último caso, debemos recordar la notoria influencia de las empresas mineras, como la Barrick Gold, sobre los funcionarios para que ellos, sin contar con su habitual prestancia para la debida diligencia de los actos administrativos que los benefician en su actividad, colaboren con el desmantelamiento de la oposición a la contaminación ambiental que producen mediante diversas estrategias tendientes al control de los docentes y del contenido a enseñar, sumado a la edición de libros escolares financiados por estas empresas de la muerte y discapacidad, como también mediante la organización de seminarios y jornadas destinadas a desmentir las consecuencias dañosas para el medio ambiente que provoca su actividad.
 
Tres conflictos; dos de ellos, en la Provincia de Buenos Aires y uno en la de Catamarca, que nos dan un fiel reflejo de las intenciones oficiales de coartar la libertad de cátedra y de influir sensiblemente en los contenidos a enseñar y a ser aprendidos con el deliberado fin de adecuarlos a sus propios fines políticos y partidarios y a los de las empresas que pretenden acallar las voces que intentan formar una conciencia cívica en forma sistemática para su propio beneficio. No cabe duda que, en el medio de un debate inducido, los fines empresariales y los fines políticos y partidarios caminan de la mano al igual que en los `90 para llevar a un nuevo período de neoliberalismo educativo a la Educación.
 
Entre el debate y la realidad, entre las falsas opciones y los hechos, nos encontramos ante las falacias evidentes de los funcionarios que se llenan la boca para proclamar un discurso tendiente a revalorizar a la Escuela Pública pero que, sin dudas, la praxis lo desmiente todos los días. Estamos ante un nuevo intento de control de los contenidos educativos que no condice con los valores recuperados a partir de 1983 y, en parte, retaceados a partir de la Ley Federal de Educación como también de los docentes comprometidos con una formación para la vida y para el trabajo; en suma, para una ciudadanía responsable que sepa exigir derechos y cumplir obligaciones.
 
Sin dudas, la amenaza que se cierne sobre los ámbitos educativos es sustancial y grave, por cuanto implica el disciplinamiento de los actores educativos en consonancia con los intereses políticos y económicos en aras de un "capitalismo en serio" que sigue olvidando las necesidades de quienes están sumergidos en la pobreza y en la indigencia: los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Son ellos, sin lugar a dudas, los que deberían merecer la atención prioritaria del Estado mediante un ejercicio del poder tendiente a promover el bienestar general, en lugar del interés particular de "los mismos de siempre", de los que han saqueado y siguen saqueando nuestras riquezas, mientras muchos otros intentamos construir una nueva Argentina, desde las aulas o desde nuestro ámbito de actuación, para todos los ciudadanos y habitantes sin distinción de raza, género, credo o condición psicofísica.
 
      Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I. S. P. "Dr. Joaquín V. González")
 

EDUCACIÓN: MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES.

En estas últimas semanas, con motivo del debate promovido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, han corrido ríos de tinta sobre la propuesta de sancionar una ley que reemplace a la actual Ley Federal de Educación, cuyos frutos se encuentran a la vista y que se traducen en insuficiencia de contenidos para el acceso a estudios superiores, en la fragmentación del sistema educativo y en la ausencia de una formación tendiente a la atención de la diversidad cultural y psicofísica de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos.
 
Sin dudas, el ruido informativo de los multimedios enfatiza las bases neoliberales del documento elaborado por los burócratas educativos y ello lleva a la confusión sobre la verdadera intencionalidad que encierra, lo que debe ser dilucidado para conocimiento de todos los actores fundamentales: la familia, los docentes y los directivos escolares; es decir, la comunidad educativa en su conjunto.
 
Al leer detenidamente el documento, se advierte claramente la preeminencia del verbo garantizar y de la palabra calidad, como principales espadas discursivas que, sin embargo, nos llevan a la actual Ley Nº 24.195. Y es bueno tener en cuenta que el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar el acceso a la educación, sea como estudiante o como docente, en virtud de lo establecido por el art. 14 de la Constitución Nacional y concordantes.
 
Garantizar significa respaldar el cumplimiento de las obligaciones, nacidas constitucionalmente, en materia educativa mediante un Presupuesto Nacional que contemple las reales necesidades de un sistema educativo para que existan escuelas en buenas condiciones edilicias, docentes remunerados adecuadamente y un equipamiento tecnológico que permita enfrentar los desafíos del nuevo siglo. Lo que menos significa es un discurso vacío de contenidos, cuando el rol de la institución escuela ha pasado a ser el de proveer a las necesidades alimentarias de sus alumnos en lugar de formar para la vida y para el trabajo.
 
¿Para qué y para quiénes educar?. Tal vez, ésta sea la pregunta que nos debemos preguntar para encontrar respuestas en un debate acotado, cuyo tiempo y temario debería ser ampliado sustancialmente porque, sin lugar a dudas, lo educativo necesita de una sustentación real que parta de la relación con lo económico, sin olvidarnos de la formación para la vida política y social.
 
En este capitalismo "en serio", que nos hace recordar parcialmente a la década del `90, nos encontramos ante la encrucijada de formar niños, niñas, jóvenes y adultos en función de los intereses empresariales o de otro modelo económico y social que permita sentar las bases de una Argentina en la cual la igualdad de oportunidades no sea una mera utopía. Si bien podemos reconocer algunos logros en la actual política del Gobierno Nacional, tampoco podemos olvidar que la formación para la ciudadanía y para la vida en sociedad es un imperativo categórico de estos tiempos, al igual que la disminución de la brecha existente entre la teoría y la praxis con respecto a la formación profesional.
 
Mientras tanto, se sigue hablando de calidad y ello nos hace pensar el criterio economicista de los años del menemato. Ante todo, debemos precisar sobre este concepto y como debe ser entendido en aras de comprenderlo cabalmente. Así, podemos decir que la excelencia educativa debe entenderse como la formación integral del sujeto, no para ser la variable de ajuste de las apetencias empresarias. Lo mismo ocurre en el caso de la formación para la prosecución de estudios superiores, porque bien sabemos que las instituciones educativas cumplen un rol absolutamente diferente al que debieran; es decir, hoy alimentan en lugar de educar y formar aunque ello no implica, sin dudas, que constituyan la primera red de detección de los problemas sociales, cuya solución debería estar a cargo de otros organismos estatales tales como el Consejo Nacional del Menor y la Familia, el Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires o las diferentes reparticiones de Desarrolo Social o Humano a nivel nacional, provincial o municipal.
 
En suma, mucho ruido y pocas nueces para una reforma educatrva que merece, ante todo, tener en cuenta el futuro modelo de país porque es la base de la política económica y social que debe llevarse a cabo, la que deberá tener en consideración el respeto a la diversidad cultural y psico-física; es decir, a los colectivos históricamente postergados como los pueblos originarios y las personas con discapacidad. Se trata de establecer, sin dudas, un nuevo orden de prioridades que atenúe las profundas desigualdades existentes y ello es responsabilidad indelegable del Estado.
 
Se trata, una vez más, de construir una nueva Argentina desde lo educativo y por ende, requiere de un profundo debate que poco tiene que ver con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y que necesita de la participación real de todos los sectores, con propuestas concretas hacia un futuro lleno de incertidumbres pero, a la vez, lleno de esperanzas.
 
      Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I. S. P. "Dr. Joaquín V. González")
 

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