EDUCACIÓN: MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES.

En estas últimas semanas, con motivo del debate promovido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, han corrido ríos de tinta sobre la propuesta de sancionar una ley que reemplace a la actual Ley Federal de Educación, cuyos frutos se encuentran a la vista y que se traducen en insuficiencia de contenidos para el acceso a estudios superiores, en la fragmentación del sistema educativo y en la ausencia de una formación tendiente a la atención de la diversidad cultural y psicofísica de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos.

 

Sin dudas, el ruido informativo de los multimedios enfatiza las bases neoliberales del documento elaborado por los burócratas educativos y ello lleva a la confusión sobre la verdadera intencionalidad que encierra, lo que debe ser dilucidado para conocimiento de todos los actores fundamentales: la familia, los docentes y los directivos escolares; es decir, la comunidad educativa en su conjunto.

 

Al leer detenidamente el documento, se advierte claramente la preeminencia del verbo garantizar y de la palabra calidad, como principales espadas discursivas que, sin embargo, nos llevan a la actual Ley Nº 24.195. Y es bueno tener en cuenta que el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar el acceso a la educación, sea como estudiante o como docente, en virtud de lo establecido por el art. 14 de la Constitución Nacional y concordantes.

 

Garantizar significa respaldar el cumplimiento de las obligaciones, nacidas constitucionalmente, en materia educativa mediante un Presupuesto Nacional que contemple las reales necesidades de un sistema educativo para que existan escuelas en buenas condiciones edilicias, docentes remunerados adecuadamente y un equipamiento tecnológico que permita enfrentar los desafíos del nuevo siglo. Lo que menos significa es un discurso vacío de contenidos, cuando el rol de la institución escuela ha pasado a ser el de proveer a las necesidades alimentarias de sus alumnos en lugar de formar para la vida y para el trabajo.

 

¿Para qué y para quiénes educar?. Tal vez, ésta sea la pregunta que nos debemos preguntar para encontrar respuestas en un debate acotado, cuyo tiempo y temario debería ser ampliado sustancialmente porque, sin lugar a dudas, lo educativo necesita de una sustentación real que parta de la relación con lo económico, sin olvidarnos de la formación para la vida política y social.

 

En este capitalismo "en serio", que nos hace recordar parcialmente a la década del `90, nos encontramos ante la encrucijada de formar niños, niñas, jóvenes y adultos en función de los intereses empresariales o de otro modelo económico y social que permita sentar las bases de una Argentina en la cual la igualdad de oportunidades no sea una mera utopía. Si bien podemos reconocer algunos logros en la actual política del Gobierno Nacional, tampoco podemos olvidar que la formación para la ciudadanía y para la vida en sociedad es un imperativo categórico de estos tiempos, al igual que la disminución de la brecha existente entre la teoría y la praxis con respecto a la formación profesional.

 

Mientras tanto, se sigue hablando de calidad y ello nos hace pensar el criterio economicista de los años del menemato. Ante todo, debemos precisar sobre este concepto y como debe ser entendido en aras de comprenderlo cabalmente. Así, podemos decir que la excelencia educativa debe entenderse como la formación integral del sujeto, no para ser la variable de ajuste de las apetencias empresarias. Lo mismo ocurre en el caso de la formación para la prosecución de estudios superiores, porque bien sabemos que las instituciones educativas cumplen un rol absolutamente diferente al que debieran; es decir, hoy alimentan en lugar de educar y formar aunque ello no implica, sin dudas, que constituyan la primera red de detección de los problemas sociales, cuya solución debería estar a cargo de otros organismos estatales tales como el Consejo Nacional del Menor y la Familia, el Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires o las diferentes reparticiones de Desarrolo Social o Humano a nivel nacional, provincial o municipal.

 

En suma, mucho ruido y pocas nueces para una reforma educatrva que merece, ante todo, tener en cuenta el futuro modelo de país porque es la base de la política económica y social que debe llevarse a cabo, la que deberá tener en consideración el respeto a la diversidad cultural y psico-física; es decir, a los colectivos históricamente postergados como los pueblos originarios y las personas con discapacidad. Se trata de establecer, sin dudas, un nuevo orden de prioridades que atenúe las profundas desigualdades existentes y ello es responsabilidad indelegable del Estado.

 

Se trata, una vez más, de construir una nueva Argentina desde lo educativo y por ende, requiere de un profundo debate que poco tiene que ver con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y que necesita de la participación real de todos los sectores, con propuestas concretas hacia un futuro lleno de incertidumbres pero, a la vez, lleno de esperanzas.

 

      Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I. S. P. "Dr. Joaquín V. González") 

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