Con aires pseudomenemistas, en esta conmemoración del 25 de mayo que se realizará en la Plaza de Mayo se advierten los alineamientos y los objetivos del kirchnerismo de cara a las elecciones generales del año próximo, como también la subsistencia de los métodos de la “vieja política” a pesar de los dichos presidenciales y de la presunta condena a quien convoque con “dinero del erario público”.
Sin dudas, nos encontramos ante un parafraseo de la Plaza del Sí, en un operativo político que ha sido denominado Operación Clamor, como si fuese una operación militar en tiempos de guerra. Desde luego, no puede dudarse de la legitimidad y de la legalidad de las aspiraciones presidenciales a la reelección, lo que subyace en la intencionalidad de los organizadores de la jornada que convocará a una multiplicidad de sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina. Sin embargo, ello pretende soslayar la realidad socioeconómica de millones de argentinos sumergidos en la pobreza y en la indigencia, más allá de los números oficiales que marcan un sostenido crecimiento aunque ello no suponga una adecuada distribución del ingreso y mucho menos, un incremento del empleo registrado.
Vuelven a recrearse los paradigmas neoliberales en clave demagógica, en forma superlativa, cuando se advierte la heterogeneidad de los concurrentes a este acto político, más que conmemoración de un hito histórico fundamental en la historia argentina, pues confluyen sectores del piqueterismo kirchnerista, radicales seducidos por la propuesta presidencial, enunciada en las entrevistas concedidas a los multimedios, de una concertación a la chilena y del sindicalismo liderado por Hugo Moyano. Esto, sin contar con la presumible participación de alguno de los sectores empresarios que firmaron la solicitada de apoyo al Gobierno Nacional y que ahora tienen sus precauciones ante la ira presidencial, lo que los lleva a consentir este tipo de protagonismo impensado.
Por otro lado, ante la realidad de demostrar una amplia convocatoria y mal que le pese a las intenciones presidenciales, el aparato clientelar fue utilizado para aprovecharse de aquellos que necesitan, de los que tienen hambre y de los que están sin trabajo. Así, varios de los piqueteros oficialistas van a convocar a sus adherentes a este parafraseo de corte menemista y no debería extrañarnos que algunos sectores representativos de la discapacidad también se encuentren entre ellos. Al contrario de lo que se afirma, la vieja política está más viva que nunca y al servicio de las aspiraciones presidenciales. Y vaya un ejemplo: en Claypole ofrecían 10 pesos por concurrir a la Plaza y no podemos descartar que ello se haya también realizado en el resto del Conurbano bonaerense, de la mano de operadores de los intendentes felipistas y de aquellos que han sido beneficiados por los aportes directos del Gobierno Nacional durante el último año.
Desde luego, se intentó contrarrestar esta crítica mediante la búsqueda de herramientas destinadas a promover la concurrencia de sectores independientes. De esta forma, varias de las empresas de autotransporte de pasajeros, incluida Metrovías, han dispuesto transportar gratuitamente a quienes concurran a esta pobre conmemoración del surgimiento del Primer Gobierno Patrio.
Sin embargo, debemos señalar una flagrante contradicción, si tenemos en cuenta el discurso oficial por el cual pretende constituirse en defensor de los Derechos Humanos, con respecto al transporte gratuito de las personas con discapacidad. Hoy, el sector empresario colabora con el transporte para la asistencia a un acto político luego de haber obtenido la limitación al derecho a viajar del colectivo mediante la sanción y promulgación del Decreto Nº 118/06, el que establece cupos para el transporte de quienes tienen algún tipo de discapacidad en una clara violación al espíritu de la Ley Nº 25.635 y del Decreto Nº 38/04. ¿Es el precio que debían pagar por la generosidad del Gobierno Nacional ante esta norma sancionada y la evasión de las responsabilidades de contralor que le caben a través de la CNRT?. Podemos decir que, en parte, ello es posible como también, según la denuncia recibida del Grupo 1600, estaría a punto de firmarse un Decreto que prorrogaría la vida útil de las unidades en 5 años más; es decir, que tendrían 15 años de rodaje por las calles de nuestro país, con los consiguientes riesgos para los pasajeros sin discapacidad.
Evidentemente, de la mano de una CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad), de un Consejo Asesor integrado por varios de los principales referentes de la población con discapacidad en nuestro país y de un Consejo Federal de Discapacidad que solamente buscan perpetuarse en sus sillones, desatendiendo la cruda realidad social y económica que sufre el colectivo más postergado, nos encontramos ante una política violatoria de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, las mismas que no podrán llegar a la Plaza, si ellos quisieran, porque las unidades del transporte automotor como los andenes de los ferrocarriles y de los subterráneos son absolutamente inaccesibles.
En el medio de la búsqueda del clamoreo, mediante el olvido de la muerte de los 100 niños por día; de la desatención de los ancianos por un PAMI cada vez más burocrático y que, por ejemplo, ha denegado los retroactivos solicitados por el subsidio de 30 pesos aunque ello ha sido responsabilidad del mismo personal de este organismo, según lo que ha manifestado Graciela Ocaña hace un tiempo atrás, como de la falta de políticas activas para la generación de empleo mediante una reforma impositiva que permita la redistribución del ingreso, la Plaza ha quedado ensombrecida aunque brille por completo gracias al clientelismo y al amiguismo, como por la participación de varios integrantes de la clase política interesados en abrigarse bajo el calor kirchnerista.
Se trata nada más y nada menos que de una Plaza de la demagogia, la que solamente pudo organizarse por las ambiciones presidenciales y los dineros públicos como por una oposición atomizada, de derecha a izquierda del arco partidario, que no atina a articular una alternativa política para intentar modificar el actual modelo económico y social continuador de la dictadura militar del `76, perfeccionado por el menemismo y el duhaldismo.
Se trata de una Plaza en la cual no tienen cabida los pobres y los indigentes, las personas con discapacidad y los pueblos originarios porque, para este Gobierno y la burocracia empresaria y sindical, ellos no interesan y tal vez, de lo único que están preocupados es como seguir perpetuando sus propios intereses, en lugar del proclamado bienestar general que enuncia el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional...
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