DISCAPACIDAD: SIN VOLUNTAD - PÀRTE II

 

En la nota anterior, nos hacíamos tres preguntas, tres interrogantes para intentar complementar una reseña anual que resulta exigua para analizar la gran cantidad de problemáticas en materia de discapacidad. Lamentablemente, se fueron acumulando muchas de ellas y otras, sin dudas, se renovaron o se incrementaron sustancialmente para darnos una imagen que debiese ser un llamado de atención para el Estado y la sociedad como para las personas con discapacidad.

 

Si tenemos en cuenta la actual coyuntura política y la escasa movilización del colectivo, nos encontramos con un continuismo de la política del no hacer para seguir perpetuando las condiciones propicias para los viejos males conocidos, lo que es favorecido por las notorias dificultades de orden económico para las personas con discapacidad con el fin de intentar modificar por vía administrativa o judicial esta realidad tan pavorosa.

 

A pesar de los avances y retrocesos de la marcha del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es posible que el cupo laboral comience a ser cumplido luego de los dos fallos adversos en sede judicial, aunque ello suponga una demora adicional en la adecuación de los estatutos particulares. Lo contrario ocurrirá respecto del Gobierno Nacional, quien sigue sin reglamentar la Ley Nº 25.689 y con una CONADIS inactiva; en parte, como bien señala el libro de la Fundación Par, por la disminución de su jerarquía en el organigrama gubernamental al pasar a depender del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

 

Lo sanitario, habida cuenta de la jurisprudencia sentada en los últimos meses, tendrá importancia sustancial pues obligará a las Obras Sociales Nacionales respecto de las prestaciones establecidas en la Ley 24.901. La avalancha de recursos de amparo, no por ser masiva sino por constituirse algunos de ellos en casos emblemáticos, irá produciendo una relativa modificación de conductas, la que debería ser reforzada mediante la participación activa de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en su carácter de ONG's con legitimación procesal activa.

 

En tanto, la cuestión de la inaccesibilidad del transporte automotor seguirá los vaivenes de las prebendas estatales, con sucesivas prórrogas de la vida útil de las unidades en circulación y con subsidios que no contribuyen a modificar, en parte, esta problemática. Y a pesar de la constitución de una comisión para establecer nuevas condiciones IRAM para las unidades de este transporte, no se advierten mayores posibilidades acerca de la concreción específica de algún avance y solamente la avanzada judicial del Grupo Quiero Vivir Hoy es, probablemente, la carta que puede llegar a intentar conmover los cimientos de la connivencia entre la Secretaría de Transporte de la Nación y los empresarios y concesionarios del transporte terrestre.

 

En lo educativo, pese a que este año fuese declarado Año Iberoamericano de la Educación, no se advierten mayores posibilidades de ampliar el camino hacia la educación inclusiva. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha iniciado un proceso de jubilación masiva del personal docente, al igual que en el resto de su Administración, lo cual demorará sustancialmente cualquier intento al respecto junto a una política educativa que, sin Ley de Educación de la Ciudad, sigue a pié juntillas los postulados neoliberales de la mano de docentes y directivos acomodaticios, salvo contadas excepciones. Tampoco se advierte que, como instrumento para la visibilización de la discapacidad, se promueva la inclusión de docentes con discapacidad en la escuela común, lo que ayudaría sustancialmente a revertir la actual indiferencia social.

 

Evidentemente, respondiendo puntualmente al primer interrogante que nos hemos planteado, existen escasas expectativas respecto de algún tipo de mejora en la situación de las personas con discapacidad, debido a la ausencia de políticas de Estado que permitan una paulatina y definitiva solución a sus problemáticas.

 

Con respecto al segundo, y en relación con lo anterior, podemos alentarlas con respecto al cupo laboral en la Ciudad de Buenos Aires y al cumplimiento de las prestaciones sanitarias sin dejar de advertir que ello será fruto de unos pocos que puedan acceder a la Justicia y de una paulatina modificación de las pautas de conducta de los entes estatales y de los entes de Derecho Público no estatales.

 

Y con respecto a la última, a pesar de las enormes dificultades para acceder al ejercicio de sus derechos, cabe destacar que cada una de las personas con discapacidad, junto a sus familiares, debe intentar siempre conocer y exigir sus derechos, buscando asesoramiento legal y sin tener temor a represalias, como las típicas venganzas de los auditores médicos de las Obras Sociales que suelen pedir hasta el último papelito insignificante cuando sus instituciones son obligadas a cumplir con sus obligaciones por parte de la Justicia...

 

Si todo este colectivo se moviliza masivamente para exigir los derechos que la ley les confiere, habrá comenzado una nueva etapa en la cual el miedo habrá sido dejado atrás para obligar a los eternos incumplidores y obtener una mirada distinta de la sociedad. Pero son sus integrantes en su conjunto los que deben iniciar una participación activa, aunque sea, mediante actuaciones administrativas o reclamos ante los entes que correspondan pues ello constituirá una indudable presión para quienes pretenden seguir perpetuando la exclusión social de todos ellos.

 

Que este 2006 sea el año en el cual podamos decir, luego de 365 días, que es el puntapié inicial para una etapa donde todo un colectivo resolvió exigir sus derechos para demostrarle a una sociedad y a un Estado ausente que existen, que están vivos y que se cansaron de comprar las figuritas de colores de los punteros políticos y sectoriales.

 

Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")