DISCAPACIDAD: UNA RESPUESTA PREVISIBLE PERO LAMENTABLE.

 

En el artículo OTRA VEZ, EL CUPO LABORAL EN LA JUSTICIA, analizamos el fallo de Primera Instancia que ordenó dar trabajo a un auxiliar de enfermería con discapacidad auditiva, luego de sopesar los argumentos falaces y "rozando la mala fé", según reza el mismo, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Y la respuesta no se hizo esperar. Como en el caso que hemos nombrado en dicho artículo, han decidido apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo en una vieja estrategia conocida de un gobierno que, precisamente, no se caracteriza por las políticas activas en favor de las personas con discapacidad. A través de este medio, se disponen a dilatar el reconocimiento de un derecho tan legal como legítimo como parte del pensamiento que los lleva a pensar en el trabajo como un "privilegio".

 

No va a ser la primera ni la última vez que el gobierno ibarrista alambre los caminos hacia la dignidad de un colectivo que, mal o bien, sigue buscando su destino para reconstruir su ser y su ciudadanía. Pero la apelación es tan sólo un medio para volver a interponer una nueva muralla: ahora también se pretende que ese enfermero realice un curso de enfermería para auxiliares, tal como ha salido publicado en el Diario Clarín.

 

Conviene señalar, y tal como se expresa en los considerandos del Juez Cataldo, que dicha persona egresó como auxiliar de enfermería, en 1992, del Hospital General de Agudos "Francisco Santojanni" y que, desde 1993 a 1995, ha desempeñado tareas de enfermería en varias clínicas neuro-psiquiátricas, lo cual resulta un despropósito pues ha cumplido con la formación de grado y reúne una cierta experiencia laboral que lo habilita perfectamente para el ejercicio profesional por lo que, una vez más, se pretende desconocer el derecho al trabajo y peor aún, se intenta desconocer la formación que ha recibido por parte de la Dirección General de Capacitación Profesional y Técnica de la Secretaría de Salud de la antecesora jurídica del Gobierno de la Ciudad, lo cual constituye un menoscabo inaceptable y una grosera violación a los Derechos Humanos.

 

Ahora bien, ¿qué otra capacitación adicional requiere para el ingreso al Sistema de Salud de la Ciudad? ¿no se pensó en la capacitación en el trabajo?. Ambas preguntas deberían ser respondidas por este Gobierno que sigue buscando excusas para cumplir con las mandas constitucionales, en lugar de buscar soluciones acorde con la realidad existente.

 

Por otro lado, y a tenor de la información publicada en Clarín, se sostiene que constituye un privilegio frente al resto del colectivo. Es indudable que seguramente merece ser analizado desde varios puntos de vista, pero debemos resaltar que el derecho al trabajo es un derecho de carácter alimentario y por lo tanto, al ser inherente a la personalidad humana, forma parte integrante de la dignidad de la persona; en consecuencia, es un derecho humano fundamental y ello sin olvidarnos que, tal vez, el aspecto que lo lleva a ser considerado de privilegio sea el hecho de iniciar acciones judiciales, lo que no está al alcance de la gran mayoría de las personas con discapacidad de la Ciudad y de la Argentina.

 

No podemos extrañarnos que sigan sucediendo estas cosas en la Ciudad de Buenos Aires como en la Argentina. Forma parte de la irrelevancia de este colectivo que está fundado en el ideario neoliberal, el cual sostiene que no puede producir y por ende, no debe participar de la vida política, económica y social de un Estado. Y en este mismo tren, en una grosera deformación, propugna el mero asistencialismo con fines electoralistas olvidando que sus integrantes son personas de carne y hueso que pretenden formar parte de una sociedad y de un Estado al igual que el resto de sus congéneres y de sus conciudadanos.

 

En estos tiempos de nueva campaña electoral, gracias al juicio político por las responsabilidades de Cromagnon, donde pareciera que ocuparse de la discapacidad es mostrarse por un taller protegido de producción o presentarse en un acto de entrega de subsidios, como se realizó el año pasado en el Centro Cultural San Martín, nos encontramos con que el empleo público es una utopía, salvo que medie el nepotismo, el amiguismo o el clientelismo y que el empleo privado todavía escasea a pesar de la actividad de muchas instituciones, como la Fundación Vitra, señera en este aspecto, pues los empresarios consideran que los integrantes de este colectivo son improductivos o de escasa productividad, que deben gastar fortunas en adaptar los espacios físicos en sus empresas o que no saben (al menos, eso dicen) como interpretar la normativa fiscal e impositiva de la desgravación establecida en la Ley Nº 22.431...

 

Previsible pero lamentable, la respuesta que ha trascendido del Gobierno de la Ciudad frente a este fallo ejemplar y que deja al desnudo sus verdaderas intenciones: seguir evadiendo sus obligaciones mediante la contratación espuria, de la mano clientelista en aras de futuros votos. No existe otra explicación y tal vez, ahora, esgriman una nueva: la limitación para sus habilidades, viejo discurso de la discriminación explícita e implícita que sigue anidando en la clase política argentina.

 

Y es hora que este estado de cosas cese. Por las personas con discapacidad y sus familias, para que recuperen la dignidad perdida y para que la sociedad y el Estado se nutran de savia nueva, desde una perspectiva distinta que seguramente permitirá construir una Argentina diferente y con plena igualdad de oportunidades.

 

Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")