CROMAGNON: OTRA VUELTA DE TUERCA.

 

Luego de los dimes y diretes en la Legislatura porteña, se acerca el día D con respecto al juicio político al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra, en un contexto enmarcado en las consecuencias de las elecciones del 23 de octubre pasado.

 

A casi once meses de la tragedia, los legisladores de la Ciudad, cuya mitad dejará sus bancas el próximo 10 de diciembre, se enfrentan a una disyuntiva que seguramente deberán afrontar y por ende, pagar un alto costo político cualquiera sea la decisión que se adopte en el recinto.

 

Las elecciones pasadas dejaron un saldo favorable para las ambiciones políticas del macrismo en la Ciudad y ello pretende ser capitalizado, con vistas al 2007, en esta particular ocasión en donde se puede decidir la defunción política o no de Ibarra.

 

Por otra parte, el kirchnerismo busca agua para su molino, aprovechando las mismas circunstancias, mientras reorganiza sus fuerzas alrededor de un PJ porteño que dista mucho de ser el dominante de la década de los `90, pero que el Presidente Kirchner intenta instalar mediante la cooptación de algún legislador opositor, como en el caso del Dr. Borocotó.

 

Es, en este revoltijo político, donde se tratará de dilucidar la responsabilidad política de un Jefe de Gobierno mientras se busca, sin dudas, la construcción de poder aprovechando esta circunstancia tan dolorosa para los porteños por parte de ambas fuerzas políticas mayoritarias en el distrito.

 

No cabe duda que se trata de otra vuelta de tuerca, la cual puede prolongar la agonía política, con un alto desprestigio de la Legislatura porteña, o bien, puede intentar hacer justicia mediante la debida valoración de los hechos aunque ello suponga contrariar la conveniencia política hacia el próximo turno electoral. También influye sensiblemente, el próximo recambio de legisladores que marcará la nueva realidad política en forma indudable y tal vez, en aras de respetarla, es posible que este día D sea prorrogado para después del 10 de diciembre.

 

Ahora bien, después de tanto ajetreo político desde la conformación de la Comisión Investigadora, la emisión de su dictamen y la próxima acusación, si es que se realiza, los interrogantes sobrevuelan la calle Perú y nuestras mentes: ¿cabe establecer la responsabilidad política del Jefe de Gobierno aquí y ahora? ¿es necesaria una postergación teniendo en cuenta la nueva conformación de la Legislatura porteña?.

 

Con respecto a la primera intriga, no cabe duda que se haría justicia si los legisladores no escapan a sus obligaciones, teniendo en cuenta la magnitud y las consecuencias de la tragedia de Once. Pero juzgar mediante el prisma de la conveniencia política, sin dudas, les haría un flaco favor pues la bajísima consideración de gran parte de la ciudadanía aumentaría en forma sustancial y con ello, inclusive, se diluiría el capital obtenido electoralmente.

 

Nuevamente, las viejas estrategias pejotistas van jugando de la mano de los líderes para convertirse en aspiradoras de las intenciones del resto de las fuerzas políticas opositoras. Todo vale: desde la cooptación mediante dádivas o cargos hasta el soborno liso y llano. ¿Estaremos ante otro escándalo con los votos en un recinto?. En honor a "la verdad de la milanesa", tratándose del PJ todo es posible, aún lo imposible...

 

Y el segundo intríngulis, producto del repensar sobre las consecuencias electorales, podría darnos otra visión completamente diferente pero que se complementaría con la anterior y con el cálculo político que hemos realizado.

 

Si bien la realidad política de la Ciudad de Buenos Aires ha cambiado, tanto en legalidad como en legitimidad, tampoco podemos olvidar que esta Legislatura tiene la obligación de cumplir con la Constitución de la Ciudad y aunque no llegue a finalizar lo que ha iniciado desde principios de este año, debería dar el puntapié inicial para no defraudar a una ciudadanía que, desde hace tiempo, dejó de confiar en sus representantes. Tal vez, pueda ser válida una postergación de la acusación en términos políticos, debido a la nueva coyuntura, pero ello conspiraría contra el prestigio de un cuerpo deliberativo, cuyo antecedente, el Concejo Deliberante, dejó bastante que desear, y propiciando un desgaste político mayor que el que se quiere evitar.

 

Sin embargo, en el medio de este meollo complejo, se encuentran los familiares de las víctimas, las cuales merecen el mayor de los respetos como personas y como ciudadanos. Y esta cuestión no es un dato menor a la hora de tomar decisiones, pese a la inevitable carga psicológica derivada del hecho trágico en sí mismo, porque no se puede olvidar, ni por asomo, las palabras de Mariana Márquez en aquella sesión memorable del informe del hoy a punto de ser acusado, como tampoco la indignación lógica por el incumplimiento del Estado en sus responsabilidades de contralor de las actividades que se realizan en su territorio, en su jurisdicción.

 

Otra vuelta de tuerca, para la ilusión o para la desilusión, que puede marcar a fuego la futura gobernabilidad de la Ciudad de Buenos Aires aunque muchos no lo adviertan. Pero también puede marcar, sin lugar a dudas, un nuevo desprestigio que tornará dudosa la legitimidad de ejercicio de la Legislatura a partir del 10 de diciembre, al igual que una tambaleante gestión ibarrista que terminará en la mayor dependencia absoluta de un kirchnerismo dispuesto a quedarse con todo, tal como había soñado un 23 de octubre de 2005...

 

Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")