Mientras el fragor informativo nos inunda sobre el rompimiento del Glaciar Perito Moreno, ocultando los hechos acaecidos en Las Heras, la destitución de Aníbal Ibarra y la asunción de Jorge Telerman como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a la situación actual de los Ferrocarriles, nos encontramos ante propuestas, materializadas en un Decreto del Gobierno Nacional, con respecto al transporte gratuito de las personas con discapacidad y exigencias del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Eduardo Mondino, sobre el viaje en nuestros trenes que están muy lejos de ser considerados como algo normal y habitual.
En efecto, con respecto a lo primero, en el mes de febrero de este año, la Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad, Prof. Alicia Muñiz, procuró buscar una normativa tendiente a hacer cesar el incumplimiento del Decreto Nº 38/04 y de la Resolución 31/04 de la Secretaría de Transporte de la Nación por parte de las empresas de transporte automotor de pasajeros, el que viene siendo sistemático ante las pretensiones de personas y familias con discapacidad. En ese ímpetu, propuso que los subsidios por el consumo de combustibles fuesen la variable de ajuste mediante su disminución con respecto al incumplimiento de la obligación de la expedición de los pasajes gratuitos.
Sin embargo, a pesar de las insistentes promesas que dicha nueva norma solucionaría esta problemática, nos encontramos ante el Decreto Nº 118/06, cuyos considerandos, en los párrafos undécimo y duodécimo, aluden a la problemática que hemos mencionado para alentar la confección de una nueva credencial y cuyo artículo 4º manda realizar una nueva reglamentación en la cual se fijen lo mencionado anteriormente; como también, tal como lo indica la pauta b) de la norma que hemos antedicho, se establece la obligatoriedad de expedir un pasaje para la persona con discapacidad y otro para su acompañante (en caso de ser necesario) si el servicio dispone hasta 54 (cincuenta y cuatro) plazas y de dos pasajes para cada uno de ellos, si dicho servicio excede dicha capacidad, a la vez que excluye de la gratuidad a los servicios ejecutivos (coches cama).
Si analizamos con atención la nueva norma, resulta un verdadero despropósito que desvirtúa el espíritu de la Ley Nº 25.635 y su respectiva reglamentación, al igual que reconocer la no derogación tácita de la Resolución Nº 533/83 de la Secretaría de Transporte de la Nación, caballito de batalla de las empresas para dificultar la expedición de los pasajes gratuitos y de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) ante los reclamos en el caso del viaje de familias con personas con discapacidad.
¿Para qué expedir una nueva credencial? ¿cuál es su finalidad?; en suma, ¿cuál es el objeto de esta nueva norma?. Sin dudas, nuevamente los señores empresarios han utilizado su viejo lobby para que se dicte una normativa a su medida, la que le permitirá restringir a su arbitrio la expedición de los pasajes conocidos como de Decreto 38. Es el mismo por el cual se prorrogó la vida útil de las unidades a principios de este año, para evitar el recambio por unidades accesibles para las personas con discapacidad motriz, embarazadas y ancianos.
Evidentemente, si bien se contempla la penalización del incumplimiento a través de la reducción de los subsidios, no deja de ser un decreto acorde con los intereses empresarios mientras el Gobierno Nacional se ufana de la defensa de los Derechos Humanos en sus voluminosos discursos.
Con respecto a lo segundo, y a pesar del tibio reconocimiento del Dr. Mondino, la problemática ferroviaria se visualiza por las personas que viajan colgadas del estribo en las diferentes líneas de nuestro sistema ferroviario pero sigue siendo indiferente a las problemáticas de la discapacidad en forma absoluta, cuando los subsidios que reciben estas empresas; una de ellas, el Grupo Plaza de los Cirigliano, fueron establecidos para mejorar la accesibilidad de los andenes con el objeto de facilitar el transporte de las personas con dificultades motrices.
Nuevamente, entre gallos y medianoches, mientras se acerca un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, la discapacidad sigue siendo irrelevante y se continúa buscando el medio para perpetuar su exigua calidad de vida.
Hoy es el transporte, ¿y mañana?. No lo sabemos, pero tenemos la certeza que los Derechos Humanos deben ser respetados para todos los ciudadanos y habitantes de nuestro país, pero ello es incumplido sistemáticamente para el gran colectivo de las personas con discapacidad y cuya exigencia es, tan sólo, de unos pocos que siguen reclamando ante el Estado Nacional pues las grandes organizaciones que dicen ser defensoras de las personas con discapacidad solamente están empeñadas en organizar las Jornadas Prestacionales, que se realizarán durante octubre de este año en la Pontificia Universidad Católica Argentina, algo que, desde ya, no nos debe de extrañar debido a la política de cooptación de la actual clase política para clausurar todo tipo de reclamos.
Entre propuestas y exigencias, se advierte que, una vez más, los Derechos Humanos de las personas con discapacidad están bajo la presión del Dios Mercado, léase de los empresarios inescrupulosos como los Cirigliano y los Derudder, a quienes nada importa de este colectivo y que se suma a la política clientelar establecida por el Gobierno Nacional, la que en muy poco tiempo llegará a la Ciudad de Buenos Aires...
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P."Dr. Joaquín V. González")
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