A 30 AÑOS, ENTRE EL HORROR Y LA JUSTICIA.     Hace 30 años, la Argentina comenzaba a sentir un escalofrío significativo por la ascensión al poder de una Junta Militar que se ensoñ...

A 30 AÑOS, ENTRE EL HORROR Y LA JUSTICIA.

   

Hace 30 años, la Argentina comenzaba a sentir un escalofrío significativo por la ascensión al poder de una Junta Militar que se ensoñereó de los bienes y de la vida de sus ciudadanos y habitantes, respondiendo a los mandatos de la política exterior norteamericana, en plena Guerra Fría y del poder económico local, fieles intérpretes de una hegemonía que se consolidaría a partir de 1989 con la caída del Muro de Berlín.

 

Sin dudas, campeó el terror, el mismo que hoy azota a Las Heras, Provincia de Santa Cruz, para imponer el neoliberalismo económico que supo obtener su continuidad en la democracia surgida a partir de 1983. Este ideario necesitó que se cometieran los delitos de lesa humanidad, que fueron reconocidos a nivel interamericano por el fallo “Manfredo Veláquez” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tales como la desaparición forzada de personas, la tortura sistemática y el asesinato vil, a través del lanzamiento de personas vivas, pero cruelmente anestesiadas, al mar como lo ha reconocido el genocida Scilingo, hoy condenado y encarcelado en España.

 

Estos hechos no fueron, ni son, casualidad si los enmarcamos en un contexto particular por el cual la nueva hegemonía en Occidente, surgida a partir de 1945, comenzaba a desplegar su artillería ideológica y militar en su disputa con la U.R.S.S. como también por la crisis del petróleo en 1975, al igual que, en el orden local y latinoamericano, el poder económico encontraba severas limitaciones en sus utilidades debido al reconocimiento de los derechos laborales y de una remuneración digna de los trabajadores, cuya participación en el ingreso nacional prometía alcanzar los niveles de la década del `50.

 

Entre ambas fuerzas, la hegemónica y la de los adherentes civiles con un alto grado de participación en la economía argentina, algo que, con matices, puede advertirse en la Latinoamérica de los `70, lograron imponer el horror económico neoliberal que aún nos azota y que sigue perpetuando la pobreza y la indigencia, con sus secuelas de discapacidad y muerte.

 

El terror supo contribuir a la consumación de las más flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, entendidos como el respeto al derecho a la vida y a la dignidad humana, cuyas víctimas y sobrevivientes merecen nuestro respeto y nuestro homenaje mediante la conmemoración, sin feriados de por medio, a través de los numerosos actos y jornadas destinados a esclarecer y debatir lo sucedido en el período 1976 – 1983.

 

Sin embargo, y regresando a nuestro presente, los paradigmas y las paradojas del pasado siguen sobrevolando para dar cuenta de su presencia, de su actualidad en forma significativa. Nos atraviesan, a veces, sin que nos demos cuenta ni darnos tiempo a tomar conciencia de su magnitud. Y no es un dato menor, en estos tiempos que corren, teniendo en cuenta lo que sucede y ha venido sucediendo en la Argentina desde 1983.

 

El plan económico de Martínez de Hoz fue refinado por la democracia durante el mandato extenso del menemismo, conformando una nueva realidad política, económica y social que recogió los paradigmas económicos y sociales de la dictadura militar; constituyendo esto, sin dudas, una de las paradojas de la democracia...

 

Como también, paradojalmente, la sistematización de la normativa que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, mediante la sanción y promulgación de la Ley Nº 22.431, proviene de un gobierno de facto que cometía, al mismo tiempo, las más aberrantes violaciones a los Derechos Humanos.  Sin embargo, ello no significó la plena vigencia de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad como tampoco excluyó del accionar terrorista estatal a los integrantes del colectivo, tal como le ocurrió a Carlos Poblete; quien, padecía una discapacidad motriz y fuese el impulsor de la primera norma relacionada con el cupo laboral de las personas con discapacidad en la Administración Pública Nacional, luego pasaría a engrosar el listado de desaparecidos del informe de la CONADEP, el “Nunca Más”. Otra paradoja sustancial podemos encontrarla en la sanción y promulgación de la Ley Nº 24.901, estableciendo las prestaciones médico – sociales que les corresponde según su patología al colectivo, junto a la reglamentación de la norma nombrada anteriormente, durante el menemismo, en 1997; es decir, en plena democracia aunque ello no suponga que actualmente esta categoría de derechos sea debidamente respetada por la sociedad y el Estado, al igual que los entes obligados a ello.

 

Aún hoy, nos encontramos con una justicia relativa con respecto al juicio y castigo a los responsables de los delitos cometidos en el período más negro de nuestra historia. Los indultos menemistas, junto a la Obediencia Debida y el Punto Final, obstaculizaron severamente a la determinación de las responsabilidades por parte de los militares genocidas y solamente, a partir del 2003, comenzaron a reactivarse las causas contra aquellos que se atrevieron al terrorismo desde el Estado.

 

Si bien comenzó una etapa en la cual se reactivó el procesamiento de los represores, imponiendo su prisión preventiva, aunque domiciliaria en virtud de su edad, de acuerdo a lo establecido por el Código Penal de la Nación, nos encontramos con que no existen indicios que suceda lo mismo con los colaboracionistas civiles de la dictadura militar pues, como bien sabemos, todo golpe militar requiere de una sustentación en la sociedad civil.

 

Entre el horror y la justicia, hoy debemos reafirmar nuestro Nunca Más a un Estado terrorista mediante nuestra condena a los hechos acontecidos y el debido esclarecimiento de lo sucedido a quienes no han vivido el terror político, económico y social que, inclusive, nos llevó a una guerra cuyos sobrevivientes nadan en la indiferencia estatal y social al igual que las personas con discapacidad.

 

Y esta misión es la que debemos llevar a cabo para evitar que el desconocimiento y el olvido del pasado no nos lleve a otra tragedia, aunque la actual, sin lugar a dudas, tenga su origen en esos paradigmas que hoy siguen vigentes, desde la familia y desde la escuela para que nuestros hijos y nietos comprendan la vital importancia de ser personas y ciudadanos, lo que coadyuvará a la formación de una sociedad y de un Estado en consonancia con los Derechos Humanos.
 
 
     Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P."Dr. Joaquín V. González")