DISCAPACIDAD: OTRO 1º DE MAYO SIN TRABAJO   Mientras se suceden los actos conmemorativos del Día Internacional del Trabajador en homenaje a los Mártires de Chicago, las person...

DISCAPACIDAD: OTRO 1º DE MAYO SIN TRABAJO

 

Mientras se suceden los actos conmemorativos del Día Internacional del Trabajador en homenaje a los Mártires de Chicago, las personas con discapacidad siguen soñando con el medio que les permitiría obtener una mayor autonomía que la actual, al igual que una mejor calidad de vida.

 

Si bien los trabajadores, los ocupados y subocupados, deben seguir el sendero de la defensa de sus derechos mediante la huelga, derecho consagrado en el art. 14 Bis de nuestra Constitución Nacional, a pesar de los mil y un intentos de la burocracia sindical justicialista encabezada por Hugo Moyano, el Estado y la sociedad olvidan y ningunean a quienes tienen una disminución psicofísica, sea congénita o adquirida.

 

Sin embargo, ese olvido y ninguneo no es casualidad, ni ha nacido de un repollo porque forma parte del ideario neoliberal que continúa sosteniendo el Gobierno Nacional junto al resto de las jurisdicciones provinciales y municipales, como también del inconsciente colectivo acuñado en el medio pelo argentino parafraseando a Jauretche. Por un lado, encontramos que dicho ideario soslaya las diferentes capacidades que poseen los integrantes de un colectivo social significativo, pese a las cifras oficiales que emanan de la ENDI (Encuesta Nacional de Discapacidad) para invisibilizarlo mediante la subsistencia del paradigma de la inutilidad, materializado en el otorgamiento de planes sociales de corte clientelar y por otro, la ausencia de conciencia acerca de la existencia de este colectivo en la sociedad argentina incrementa dicha invisibilidad en forma sustancial.

 

El trabajo es un Derecho Humano fundamental porque forma parte del derecho a la vida y a la dignidad humana, el que no puede ser coartado bajo ningún tipo de excusas, como las expuestas en la ENDI sobre la cuantía de la desocupación de las personas con discapacidad. Afirmar que dicho desempleo es del 15,4 % resulta una falacia destinada a justificar la falta de reglamentación de la Ley Nacional Nº 25.689, modificatoria de la Ley Nacional Nº 22.431, que establece el cupo laboral del 4% para este colectivo en la Administración Pública Nacional y las empresas de servicios públicos privatizadas, mientras que la realidad nos indica que un 80 a un 90 % se encuentra desocupado. Más aún, cuando si una persona fue encuestada en dicho momento y colaboró con un familiar en la obtención de un ingreso, se la ha considerado como ocupada y ello constituye una verdadera falsedad, por cuanto dicha relación carece de carácter laboral, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

 

Asimismo, siguiendo con la estadística elaborada por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) con la colaboración de la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración y Promoción de las Personas con Discapacidad), cuyo comité de edición lo integraron los Licenciados. Ernesto Amadassi, Gladys Massé y María Cecilia Rodríguez Gauna por el primer organismo y por el segundo, la Dra. Susana Sequeiros y el Dr. Jorge Mascheroni, junto al asesoramiento temático de la Dra. Liliana Pantano y la Dra. Cristina Rouco como del estadístico a cargo de la Lic. Carina Serkin, podemos encontrar que la Tasa de Actividad de la población con discapacidad es del 29,5 % en contraposición al 57,8 % del resto de la población sin discapacidad, demostrando su menor participación en el mercado de trabajo.

 

Incumplimiento estatal de la normativa vigente y un desdén empresario significativo son las causas de este verdadero flagelo para un colectivo sistemáticamente discriminado, pese a la vigencia de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada por la Ley Nacional Nº 25.280 y de la Ley Nacional Nº 23.592 contra la Discriminación como también de un empresariado que sigue los postulados neoliberales, ensalzando la belleza y la juventud a la hora de seleccionar personal para excluír, como si fuera poco, a los mayores de 35 años y a quiénes padecen de SIDA o de diabetes, olvidando su formación profesional.

 

Pero la Ciudad de Buenos Aires y su Gobierno tampoco quedan exentos de responsabilidad. Luego de sancionada la Ley de la Ciudad Nº 1502, que reglamenta el Art. 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el que establece el cupo laboral del 5 % para las personas con discapacidad en la Administración Pública y los entes de servicios públicos privatizados, no se advierten modificaciones sustanciales pues continúa la senda ibarrista y en plena consonancia con los postulados del Gobierno Nacional. Peor aún, todavía no se han adaptado los estatutos particulares, tales como el Docente (Ordenanza Municipal Nº 40.593 y modificatorias) y de la Salud (Ordenanza Municipal Nº 41.455 y modificatorias), con el fin de adecuarlos a la nueva norma y consagrando así una exclusión sustantiva y de carácter discriminatorio para las personas con discapacidad que habitan la Ciudad de Buenos Aires.

 

Aún hoy, dos causas por el incumplimiento del cupo laboral se encuentran en los Tribunales de la Ciudad, los promovidos por el Contador Kuzis y por el Enfermero Julio Marecos; el primero, en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y el segundo, en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Justicia de la Ciudad. Sin embargo, son la excepción a la regla pues la mayoría del colectivo no puede acceder al derecho a accionar judicialmente debido a su falta de ingresos, derivado de su pobreza y de su indigencia en la cual se encuentra, como también a la ausencia de letrados comprometidos con el Derecho y a un procedimiento de litigar sin gastos, establecido por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no contempla sus verdaderas necesidades.

 

Sin dudas, ambas causas terminarán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero nos quedan tres interrogantes: ¿Será necesario una sentencia fulminante en los Tribunales Internacionales para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad? ¿Ningún político ha pensado en las ventajas del empleo registrado para este colectivo? ¿Ningún tecnócrata educativo y sanitario pensó, al igual que la clase política, en la promoción de la persona con discapacidad como educador, médico o enfermero para crear conciencia en la sociedad?.

 

A pesar de lo expuesto, podemos responderlos con claridad; con respecto al primero, si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que el Gobierno Nacional, arbitrara los medios para el cumplimiento de la normativa, no sería necesario dicho fallo condenatorio porque se resuelve mediante una firme voluntad política, la que no exhibe el actual Jefe de Gobierno, Lic. Jorge Telerman, pese al discurso pronunciado en la Legislatura durante su asunción en el cargo y mucho menos, el Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, quien gusta de las escaramuzas mediáticas en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y que ha olvidado su discurso pronunciado en la Asamblea Legislativa en su asunción del mandato; con respecto a los otros dos, no cabe duda que sigue imperando la idea del clientelismo y del amiguismo sin pensar en un empleo que le brindaría, aún con las demoras y deficiencias de un sistema de salud en clave neoliberal, una mejor calidad de vida y en la posibilidad de instalar la problemática en la sociedad, sin necesidad de ingentes gastos publicitarios.

 

Concluyendo, otro 1º de Mayo sin trabajo para las personas con discapacidad, mientras la realidad que las golpea sigue sin instalarse en la agenda pública y mucho menos, en el esquema mental de la clase política, sea oficialista u opositora. Mientras la voluntad de los gobernantes sea privilegiar la vieja política, mediante el clientelismo y el amiguismo, proseguirá este estado de cosas que, junto al negocio del asistencialismo organizado a la par de varias instituciones que viven de los subsidios estatales, solamente podrá ser modificado por la voluntad de los integrantes de este colectivo sistemáticamente vulnerado en sus Derechos Humanos, junto a sus familias, mediante la articulación de esfuerzos tendientes a encontrar el camino que los lleve a ser respetados.

 

Mientras tanto, este Día del Trabajador seguirá siendo para los pocos privilegiados que, aún hoy, deben seguir el camino de la lucha para el respeto a sus derechos vulnerados por el Estado como empleador y por los empresarios, sin contar con la audacia y el coraje de los trabajadores y de las trabajadoras del Bauen, de Zanón y de Brukman...

 

 

     Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P."Dr. Joaquín V. González")