"La peor opinión es el silencio"

"La peor opinión es el silencio"

 

Ante la Medida Extraordinaria de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), hecha pública por intermedio de una lista de Internet sobre Discapacidad, me veo en la obligación de expresar mi solidaridad con los afectados por ella en forma directa: Srta. Natalia Verónica Gulino, Sra. Lis Aragona y Sra. Ana María Martínez, Presidente de la Asociación de Personas y Familiares de Personas con Discapacidad de la localidad de Colón (Entre Ríos); todas ellas, en el marco de una inaceptable censura por pensar diferente de los miembros de la Comisión Directiva de dicha organización y con el agravante, en el último caso, de imponerlo a una persona que integraba dicho cuerpo directivo, como también de manifestarme ante las expresiones vertidas acerca de mi persona, las cuales están muy alejadas de la realidad.

 

Evidentemente, una vez más, se pretende hacer creer la existencia de una campaña tendiente a desacreditar a una organización cuando, en sí mismo, son las mismas contradicciones permanentes desde el discurso, al igual que la ambivalencia ligada a posturas acomodaticias y la errónea pretensión, a mi juicio, de poseer la verdad revelada, las que provocan este particular pensamiento.

 

Pensar que cualquier integrante de una organización es impulsado por otra persona para que actúe en consecuencia, en principio, es insultar su inteligencia y su raciocinio. Impedir que exprese sus dudas frente a lo evidente o hacia lo que no entiende, resulta un acto que dista del sano debate entre posiciones diferentes para culminar en el intento de imponer su propia voz, de pontificar como si fuese palabra santa...

 

No existe ninguna operación de prensa, ni campaña que se le parezca, frente a las aseveraciones vertidas por el texto de una red, de una organización que ha venido trocando posiciones desde la culminación de las marchas hacia Plaza de Mayo, decidida en virtud de la escasa convocatoria que, en su mayor parte, la constituían los miembros de la Comisión Directiva de REDI, lo cual restaba trascendencia a este tipo de acciones pero que han tenido un singular efecto en la sanción del Decreto Nº 38/04, que otorga el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad.

 

Desde mi incorporación a REDI en el año 2003 y hasta mi renuncia en el año 2004, el discurso siempre estuvo orientado hacia la comunidad de las personas con discapacidad motriz, seguida de aquellos con discapacidad intelectual y con discapacidad visual, en ciertas ocasiones particulares. Las contradicciones entre el nombre de la organización y el discurso son evidentes. ¿Porqué no cambiar la denominación a Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad Motriz e Intelectual?. Tal vez, sería un acto de coherencia absolutamente razonable...

 

Por otro lado, analizando el devenir discursivo, puede advertirse que se deja de lado la exigencia al ámbito estatal, en gran parte, para ingresar en lo acomodaticio. Es mucho más fácil convivir con el poder que enfrentarlo y así nace la participación en el programa de Ciudades Accesibles del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en otras ligadas a la actividad de otras organizaciones en el resto del país que, si bien es bienvenida, evidencia el comienzo del estrechamiento de lazos con el poder político de alguna manera. Y al mismo tiempo, participan en el Foro Social de Salud y Medio Ambiente, por dedicación exclusiva de la Lic. Ana Dones, Presidente de FALDAD, para revelar otro costado discursivo absolutamente diferente y adjudicarse coordinaciones de actividades, cuando en realidad constituyen meras participaciones. Cercanía y lejanía con el poder, ambivalencia pura, que intenta demostrar, o hacernos creer, su rol activo en la defensa de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.

 

Más allá de las Normas IRAM sobre transporte automotor, modificación harto necesaria dada la gran variedad de modelos de ómnibus que circulan en la actualidad, resulta evidente que prefieren la comisión antes que la acción. Acaso, ¿no eran partidarios de exigir el cumplimiento de la normativa vigente? ¿porqué no accionaron judicialmente contra el Estado Nacional, vía recurso de amparo, como organización de Derechos Humanos?. Las palabras sobran, frente a su omisión que fue salvada por el Grupo Quiero Vivir Hoy, liderado por Gladys Ferrara, con su denuncia por discriminación que sigue su camino por los Tribunales Federales.

 

Con respecto a la discapacidad intelectual, la más grave de todas las que afectan a este colectivo, es loable el documento elaborado y presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en diciembre de este año. Sin embargo, al igual que lo manifestado anteriormente, siguen subsistiendo las mismas preguntas...

 

Con respecto al derecho de acceso a la Justicia, es algo que vengo denunciando desde mis artículos periodísticos, desde donde vengo señalando la inaccesibilidad económica y jurídica para las personas con discapacidad en su gran mayoría. Esta organización recoge la idea, lo cual me parece excelente, para organizar una Jornada sobre esta problemática en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el auspicio de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y del British Council, íntimamente relacionada con la Embajada del Reino Unido en la Argentina... Mejor prueba de buscar un lugarcito al calor del sistema es imposible, luego de haber sustentado ideológicamente todo lo contrario durante mucho tiempo...

 

También podemos analizar la actividad que han desarrollado con respecto al cupo laboral en la Nación y en la Ciudad. Respecto de la primera, no se ha conocido actividad pública al respecto a pesar de constituir uno de los caballitos de batalla de esta organización y con respecto a la segunda, prefirieron actuar sobre la exigencia del cupo laboral a las empresas privatizadas por la vía judicial, antes que exigirlo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente, al menos públicamente, poco han realizado en este aspecto y solamente pudo advertirse la acción judicial entablado por Julio Marecos, cuyo fallo he difundido públicamente por entender que constituía un hito fundamental para el ejercicio de este derecho. Sin embargo, si tenemos en cuenta el patrocinio letrado de la acción mencionada, que depende del mismo estudio en donde trabaja el Dr. Facundo Chávez Penillas, actual Presidente de REDI, y las intenciones de instituir "un centro de asesoramiento, educación en derechos y patrocinio jurídico", ¿ prestará servicio para todas las personas con discapacidad que lo necesiten o será tan sólo un nuevo negocio privado ? ¿patrocinará las causas de todas ellas como lo hicieron en los casos Kuzis y Marecos?. Preguntas que quedarán sin respuesta o bien, en el mejor de los casos, recibirán algún exabrupto antes que una explicación fundada...

 

Por último, queda la cuestión política suscitada a raíz de la noticia publicada por Noticias Urbanas, que he difundido en la misma lista de Internet en donde fue publicada la reseña anual de REDI y que se refirió a la presencia del suspendido Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, en el Taller Protegido de FALDAD en plena campaña electoral sin elecciones. Ella ha generado un debate con algunas opiniones; entre ellas, la de la Srta. Natalia, persona con discapacidad visual, que sinceramente no esperaba. Y en vista que se me adjudica esta supuesta promoción de una campaña, debo señalar mi posición frente a este asunto. Una vez más, el suspendido Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, en su nueva campaña electoral, ha puesto su figura en un Taller Protegido para revelar su "sensibilidad" con la discapacidad y eso es lo grave.. No es el hecho de la concurrencia a FALDAD que, siguiendo las palabras de Natalia, podría ser a cualquier otro taller protegido, lo grave está constituído por la utilización de la discapacidad y de sus instituciones frente a un juicio político por un hecho que, sin lugar a dudas, dejará secuelas con algún grado de discapacidad en gran parte de los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Once. Sin embargo, llama poderosamente la atención dicha concurrencia como también, y es algo que preferí callar en su momento, la presencia de los trabajadores de dicho taller en el acto masivo en la Plaza de Mayo para el apoyo al Dr. Ibarra. Sin dudas, algo notablemente curioso: personas con discapacidad intelectual que, sin desmerecerlas en su propia condición, son llevadas a un acto político como cual piquetero o beneficiario de Planes Jefas y Jefes de Hogar...

 

Políticamente, la discapacidad y los integrantes de este colectivo jamás pueden estar junto al poder, el mismo que sistemáticamente viene violando sus Derechos Humanos y por ende, debe exigirle el cumplimiento de sus derechos. Ese es el rol de las organizaciones, más allá de participar del principio de subsidiariedad del Estado, algo para discutir y debatir en otra ocasión, para defender a un colectivo cada vez más empobrecido y que ve lejana la dignidad humana que merecen sus integrantes.

 

Como se advertirá, no soy promotor de ninguna campaña. Tan sólo, mediante mis artículos y alguna participación en las listas de Internet sobre Discapacidad, intento reflejar la realidad de todo un colectivo que sigue aspirando a una verdadera igualdad de oportunidades, mientras integra el amplio lote de "desaparecidos sociales" como producto de las políticas neoliberales que, desde el 24 de marzo de 1976, imperan en nuestro país.

 

Es posible que algún detalle quede en el tintero y a lo mejor, es preferible que así sea. En todo caso, lo relevante es dejar en claro mi coherencia frente a la ambivalencia y mis firmes convicciones frente a las cavilaciones provocadas por el acercamiento, aunque sea parcial, al poder político que sigue sin entender y cumplir con lo que manda la misma Constitución.

 

Desde luego, no entiendo otra forma de entender al periodismo como la de mostrar la realidad existente aunque oculta y eso, tal vez, es lo que molesta a los miembros de la Comisión Directiva de una organización que, hace rato, decidió un cambio de rumbo desde la consecuencia hacia la obsecuencia para acompañar, aunque sea parcialmente y de costado, a una clase política que no se caracteriza precisamente por el respeto a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, al igual que el resto de la población argentina sumida en la pobreza y en la indigencia que va en camino, sobre todo la niñez y la adolescencia, de incrementar la población de este colectivo en forma geométrica. 

 

Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I.S.P. "Dr. Joaquín V. González")